ROMA, 14 May. (EUROPA PRESS/G. Moreno) -
Un juez italiano autorizó hoy que el primer ministro Silvio Berlusconi pueda ser llamado a declarar como testimonio en el juicio que se está desarrollando en Milán contra algunos ex agentes de los servicios secretos de Italia (Sismi) y de Estados Unidos (CIA) por el secuestro del presunto terrorista Abu Omar.
El magistrado Oscar Magi también autorizó el testimonio del ex primer ministro Romano Prodi y del actual subsecretario del Consejo de Ministros, Gianni Letta.
Si finalmente presta declaración, Berlusconi se convertiría en el primer jefe de Gobierno del mundo en testificar sobre los procesos abiertos por las irregularidades cometidas por los servicios secretos americanos en la lucha antiterrorista.
Los testimonios de Berlusconi y Prodi fueron reclamados el pasado mes de abril por el abogado del ex director del Sismi, Nicolò Pollari, quien estaba al frente de los servicios secretos italianos en el momento de los hechos y durante el segundo Gobierno de Silvio Berlusconi (2001-2006).
En concreto, Berlusconi y Prodi podrían ser llamados a testificar para probar que los documentos sobre los que fue declarado el secreto de Estado prueban que Pollari no tuvo nada que ver con el secuestro de Abu Omar.
Además de Pollari, están acusados otros tres altos cargos italianos y 26 ciudadanos estadounidenses, ex agentes de la CIA. Los hechos de los que se les acusa se remontan a febrero de 2003, cuando un equipo dirigido por los servicios secretos norteamericanos capturó al presunto terrorista Abu Omar en Milán, desde donde fue trasladado a varias bases aéreas en Italia y Alemania y finalmente a Egipto, donde fue torturado, según sostiene su defensa.
Tiempo después, la Fiscalía de Milán, encargada de investigar el caso e impulsar el proceso, reclamó la extradición de los agentes norteamericanos implicados en el caso, topándose con las reticencias tanto del segundo Gobierno de Silvio Berlusconi como del de Romano Prodi.
Finalmente, el proceso judicial empezó en junio del año pasado, convirtiéndose en el primer juicio que se lleva a cabo en Europa contra la política antiterrorista emprendida por los servicios secretos de Estados Unidos después de los atentados del 11-S.
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