MADRID, 3 Dic. (EDIZIONES) -
El anuncio de la apertura de un juicio político ('impeachment') contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, abre un periodo de plazos y debates que sólo al final del camino supondría el cese y la inhabilitación política de la mandataria, salpicada por un escándalo de presuntas irregularidades en las cuentas públicas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció el miércoles, después de meses de incertidumbre, la apertura de un juicio político contra Rouseff. De las numerosas solicitudes que había recibido, Cunha se basó en la presentada por los juristas Miguel Realle Júnior y Hélio Bicudo, que se apoya en irregularidades contables y deja al margen el escándalo de corrupción en Petrobras.
El presidente de la Cámara de Diputados, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), ha citado este jueves a los líderes de las distintos formaciones para definir las próximas medidas, que pasan en un primer momento por la creación de una comisión especial que analizará la petición.
Rousseff tiene diez sesiones como plazo para presentar sus alegatos ante la citada comisión, que en caso de avalar la petición de Cunha pasaría el testigo al pleno de la Cámara de los Diputados. Si dos tercios de los legisladores --342 votos a favor-- respaldan en votación abierta este documento, se abriría formalmente el proceso de 'impeachment'.
En ese caso, Rousseff quedaría apartada temporalmente del cargo durante 180 días. El vicepresidente, Michel Temer, asumiría la jefatura de Estado de forma provisional, a la espera de que el Senado revalide o rechace la medida adoptada por la Cámara de Diputados.
El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ricardo Lewandowski, sería el responsable de encabezar esta nueva revisión de las supuestas irregularidades cometidas. Al igual que en la Cámara Baja, se requieren dos tercios de votos a favor del cese --en este caso 54 'sí'--.
CESADA E INHABILITADA
Rousseff perdería no sólo el cargo que ostenta desde enero de 2011, sino que también quedaría inhabilitada durante ocho años para ocupar cargos públicos. En su primera reacción tras conocer el miércoles la decisión de Cunha, la presidenta ya expresó su "indignación" por el inició del proceso.
En caso de que el 'impeachment' contra Rousseff salga adelante sería la segunda vez en la que el gigante suramericano aparta a un presidente por esta vía, después del fin prematuro del Gobierno de Fernando Collor de Melo en 1992.
