NUEVA YORK, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) ha advertido de que la decisión del presidente de Siria, Bashar al Assad, de levantar el estado de emergencia debe ir acompañada de medidas concretas para "acabar con las graves violaciones de Derechos Humanos que cometen diariamente las fuerzas de seguridad".
Al Assad firmó ayer jueves una serie de decretos por los cuales queda levantado el estado de emergencia (en vigor desde 1963), queda abolido el Tribunal de Seguridad del Estado y se reconoce el derecho a la protesta pacífica.
No obstante, también ratificó un decreto por el que se amplía de uno a siete días el periodo de detención previa, antes de su remisión a los tribunales, para ciertos crímenes contra el Estado, una medida que, a juicio de HRW, podría aumentar el riesgo de abusos durante el cautiverio.
"Las reformas solo serán importantes si las fuerzas de seguridad sirias dejan de disparar, detener y torturar a manifestantes", declaró el subdirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch, Joe Stork. "El presidente Al Assad tiene la oportunidad de demostrar cuáles son sus intenciones permitiendo las protestas (de este viernes) sin que haya represión violenta", añadió.
Según HRW, las fuerzas de seguridad sirias han utilizado reiteradamente fuego real para reprimir a los participantes en las protestas que, desde el pasado 16 de marzo, se han sucedido en distintas ciudades del país. Según los activistas locales de Derechos Humanos, citados por HRW, de momento se han registrado más de 200 muertos a manos de las fuerzas de seguridad.
Aparte, Rights Watch ha documentado "una pauta regular" de detenciones arbitrarias contra manifestantes, periodistas y activistas, "la mayoría de los cuales han sido torturados y sometidos a malos tratos".
Algunos detenidos han asegurado directamente a Human Rights Watch que habían sido forzados a firmar confesiones que no se les había permitido leer y a comprometerse por escrito a no participar en nuevas movilizaciones. Algunos de los manifestantes y periodistas detenidos "continúan encarcelados en régimen de incomunicación", aseguró la organización.
INMUNIDAD LEGAL
Aparte, prosiguió HRW, los nuevos decretos "no afrontan la amplia inmunidad que las leyes otorgan a los miembros de las fuerzas de seguridad".
El decreto legislativo de 1969 por el que se establece la División General de Inteligencia (uno de los principales cuerpos de seguridad del Estado) indica, expresamente, que "no se puede llevar a cabo ninguna acción legal contra los empleados de la Inteligencia General por crímenes cometidos en el ejercicio de sus deberes, salvo que así lo ordene el director". "Por lo que consta a Human Rights Watch, el director de la Inteligencia General nunca ha emitido una orden en este sentido", advirtió la organización.
Aparte, el propio Al Assad emitió un decreto legislativo en septiembre de 2008 "que extiende la inmunidad a los miembros de otros cuerpos de seguridad", ya que "se requiere un decreto del Comando General del Ejército y de las Fuerzas Armadas para perseguir judicialmente a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad interior, la Policía de Seguridad y la Policía de aduanas", recordó la organización.
(EUROPA PRESS INTERNACIONAL)
Andalucía
