MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El diputado oficialista de Libre Ramón Enrique Barrios ha adelantado este martes que los intentos desesperados del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por frenar su extradición a Estados Unidos resultarán estériles, después del recurso presentado a la Corte Suprema apelando a su estatus de congresista del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
"El Parlacen solamente otorga la misma inmunidad que se tiene en el país de origen y aquí no hay inmunidad frente a la extradición", ha explicado Barrios, quien añadido que en cuanto a las denuncias solo son vinculantes aquellas judicializadas, por lo que el pleno de la Corte Suprema de Justicia "va a ratificar la extradición " de Hernández.
Las acotaciones dadas por Barrios ocurren después de que la defensa del expresidente hondureño apelara ante la Corte Suprema su extradición a Estados Unidos --país que le reclama por delitos relacionados con el narcotráfico-- , amparándose en la inmunidad que tendría en su condición de diputado del Parlacen.
Según su abogada, Rosa Elena Bonilla, hay al menos dos casos que crean jurisprudencia dentro del seno de la Corte Centroamericana de Justicia, los de los expresidentes hondureños Martín Torrijos y Ricardo Martinelli.
A su vez, también ha argumentado en contra de la extradición alegando que existe al menos 32 procesos abiertos contra Hernández en Honduras, dos de ellos relacionados con el narcotráfico, por lo que antes de acatar las demandas de Estados Unidos, deben ser resueltas estas denuncias.
Hace menos de una semana, un juez aprobó la extradición a Estados Unidos de Hernández para responder por tres cargos de narcotráfico y posesión de armas. Según la investigación, el expresidente hondureño habría estado relacionado con, entre otros, el capo mexicano de la droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2013 a cambio de protección y evitar una posible deportación.
Antonio Hernández, su hermano, ya fue condenado por un tribunal federal en Nueva York a cadena perpetua y a pagar 138 millones de dólares (118 millones de euros), después de ser declarado culpable en octubre de 2019 por narcotráfico, posesión de armas y falso testimonio.
