LONDRES, 8 Jun. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Eva Martínez Millán) -
El Gobierno británico debería limitar los datos personales recabados en el futuro carné de identidad para evitar crear en Reino Unido una "sociedad vigilada", según un grupo de trabajo de la Comisión de Interior del Parlamento, que reclamó salvaguardias para evitar amenazar la privacidad y garantías de que todo desarrollo del proyecto contará con la aprobación de la Cámara de los Comunes.
Su implantación arranca este mismo año para algunos residentes de países de fuera de la Unión Europea y se prevé que concluya en 2017 con la extensión integral del documento a toda la población mayor de 16 años, un proceso ante el que el Ministerio de Justicia ya advertido de que será necesario equilibrar la protección del país con la defensa de los derechos de privacidad.
No obstante, el organismo parlamentario apuntó en un informe que los datos deberían recoger "sólo lo que es esencial" y ser guardardos "únicamente el tiempo que sea necesario", ya que existe una seria "preocupación" sobre lo que denominó la "'función reptora' en términos de potencial vigilancia" que podría adquirir el proyecto.
Una visión compartida por el comisionado de Información británico, Richard Thomas, quien consideró "esencial adoptar acciones positivas para asegurar que los riesgos potenciales de una sociedad vigilada nunca se materializan en este país", después de que el documento de la comisión detectase que "cualquier ambigüedad sobre los objetivos pone en riesgo la confianza de la gente en el proyecto en sí mismo y en la capacidad del Gobierno para gestionarlo".
SEGURIDADES
En este sentido, si bien la comisión acepta las garantías del Ejecutivo de que no se empleará como un instrumento de vigilancia, en su informe aseveró: "Buscamos la mayor seguridad de que cualquier iniciativa que amplíe el alcance del proyecto sólo pueda proponerse tras consultar al comisionado de información y que las bases de toda propuesta estarán sujetas al escrutinio parlamentario".
Así, el presidente de la comisión, Keith Vaz, apuntó "consecuencias potencialmente desastrosas" en caso de un mal uso de los datos y, en consecuencia, invitó al Gobierno a diseñar un "amplio plan de contingencias" para afrontar posibles asaltos al programa de seguridad o casos como los que se produjeron el pasado año, cuando se perdieron dos discos con información personal de 25 millones de personas. "Apelamos a un principio mayoritario de 'menos datos, por menos tiempo'", resumió.
