La Judicatura iraquí había rechazado la petición del clérigo para disolver el Parlamento por quedar fuera de su competencia
MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
El clérigo chií y hombre fuerte de Irak, Muqtada al Sadr, ha presentado este domingo una demanda contra el presidente del país, Barham Salé; el primer ministro, Mostafá al Kazemi, y el presidente del Parlamento, Mohamed al Halbusi, para exigir la disolución de la cámara y obligar a la Presidencia a fijar una fecha para elecciones parlamentarias anticipadas, tal y como lleva exigiendo desde hace días.
La demanda, amparada según el texto en el artículo 64 de la Constitución iraquí, es la respuesta del clérigo a la decisión adoptada horas antes por el Consejo Judicial Supremo de Irak, que se había declarado incompetente para opinar sobre una petición inicial del clérigo para disolver el Parlamento, convocar nuevas elecciones y sacar así a Irak de la grave crisis política en la que está sumido desde los últimos comicios, en los que el bloque del religioso se alzó como vencedor.
La victoria de Al Sadr a costa de las formaciones proiraníes del país representadas en el llamado Marco de Coordinación han desembocado en un bloqueo de las conversaciones de Gobierno y días de protestas en la capital que llegaron incluso a culminar en la toma del Parlamento.
La demanda ha sido presentada por el secretario general del Bloque Sadrista, Nassar al Rabihi, informa Shafaq News.
La opción de nuevos comicios ha ido cogiendo fuerza en los últimos días e incluso el presidente de la cámara, Al Halbusi, se había mostrado a favor de ello, pero la oposición proiraní se ha desvinculado de la iniciativa y el clérigo había amenazado con una respuesta inmediata a un posible rechazo del Consejo, como finalmente ha ocurrido, y que se traduce ahora en la demanda que acaba de presentar.
Aunque el consejo judicial iraquí no ha podido admitir la petición de Al Sadr, ha coincidido sin embargo con las valoraciones del clérigo sobre el sombrío futuro que aguarda al país si no se resuelve esta crisis, según las estimaciones del presidente del Tribunal Supremo iraquí, Faiq Zeidan.
"El Consejo coincide con el diagnóstico negativo de Al Sadr con respecto al diagnóstico negativo de la situación política en el país y, de hecho, el presidente del consejo ha arrojado luz sobre esos temas en muchas ocasiones", según la nota recogida por Shafaq.
Sin embargo, y como ya ocurriera con una petición de organizaciones civiles formulada en marzo de este año, "el Consejo Superior de la Judicatura no tiene facultades para disolver el Consejo de Representantes".
"No existe ningún artículo constitucional", puntualiza la Judicatura, "que permita al consejo intervenir en los asuntos de las autoridades legislativas o ejecutivas de conformidad con el principio de separación de poderes estipulado en el artículo 47 de la Constitución de Irak de 2005".
Por ello, el Consejo pide a "las fuerzas políticas a que se abstengan de involucrar al poder judicial en sus contiendas, dada la naturaleza neutral que tiene entre las partes".
Las últimas parlamentarias, de carácter anticipado, fueron convocadas tras la grave crisis política en la que se vio sumido el país tras las masivas movilizaciones registradas en 2019, que forzaron la dimisión del Gobierno y la aprobación de una nueva legislación electoral.
Las protestas, que estallaron en octubre de 2019 y se saldaron con más de 550 muertos --según el balance oficial facilitado en julio de 2020--, supusieron una nueva muestra del desencanto de la población con la clase política ante los numerosos casos de corrupción, el mal estado de los servicios públicos y la crisis económica imperante en Irak.
