MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los participantes en la Conferencia de Revisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) emprenden hoy en Kampala (Uganda) el último día de negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo sobre el borrador, gestionado a última hora de ayer, por el que se intentan delimitar las competencias del TPI para juzgar el delito de agresión, que de acuerdo con la última propuesta podría eximir a los países no firmantes y quedar a instancia definitiva del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
A juicio de la mayoría de los presentes, el consenso parece improbable. Los estados africanos exigen que la persecución del delito de agresión --por el que el TPI podría juzgar casos de invasión territorial o combates entre dos bandos en un tercer país-- sea decidida por el propio tribunal y no por Naciones Unidas. "Dejemos que el Consejo de Seguridad juegue un papel político y que el TPI desarrolle un rol legal que lo equilibre", propuso la fiscal general de Botsuana, Athalia Molokomme.
El representante de Estados Unidos en la conferencia, el ex embajador David Scheffer, reconoció las posturas "enormemente divergentes" entre los participantes al encuentro "en particular sobre la incorporación del delito de agresión al estatuto de Roma", según declaró a Voice of America. "Pero ha sido una reunión de dos semanas y ahora nos encontramos en una posición mejor de la que comenzamos", agregó.
Así, el último borrador contiene la llamada "cláusula de escape" por la que los estados podrían rechazar una investigación si declaran oficialmente su rechazo al TPI, cuando hasta ahora no se requería que estos estados mostraran su disconformidad de manera tan explícita.
Países como Estados Unidos, China o Rusia no son miembros de pleno derecho del TPI (bien porque no han ratificado el acuerdo de adhesión o porque no lo han firmado inicialmente siquiera) y, a juicio de los expertos, desean que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenga voto a la hora de decidir sobre el delito de agresión porque "hay muchos gobiernos en el mundo que defienden un uso extremadamente legal de la fuerza militar y no debería ser cuestionado por un tribunal", indicó Scheffer, ahora profesor de Derecho en la universidad Northwestern de Evanston (Illinois).
La conferencia busca también perfeccionar los métodos de compensación a las víctimas de los delitos juzgados por el TPI. "La falta de ejecución de las órdenes de arresto emitidas, los largos procedimientos y las limitaciones son sólo una de las pocas áreas donde las víctimas han expresado su decepción y frustración con el TPI", según un comunicado de la ONG Human Rights Watch.
La directora ejecutiva del Fondo para las Víctimas, Kristin Kalla, también ha expresado sus quejas por la falta de recursos a su disposición, y ha apelado a los "estados miembros y al sector privado que presten su ayuda porque este es el momento de demostrárselo a las víctimas", indicó en declaraciones a la agencia de información de Naciones Unidas, IRIN.
De igual modo se manifestó el fiscal general del TPI, Luis Moreno Ocampo. "Las víctimas no tendrían que esperar a que se ejecute una condena para recibir ayuda; es lo que estamos discutendo ahora: cómo ayudar a las víctimas mientras llevamos los casos", indicó.
