Entrará en vigor el 1 de agosto y tendrá una duración de 5 años
ESTRASBURGO (FRANCIA), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Eurocámara aprobó hoy por una amplia mayoría de 484 votos a favor, 109 en contra y 12 abstenciones el acuerdo entre la UE y EEUU para reanudar la cesión al departamento del Tesoro norteamericano de los datos bancarios de ciudadanos europeos gestionados por el consorcio Swift, basado en Bélgica, para investigaciones antiterroristas. El pacto, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, tendrá una duración de 5 años, prorrogables por periodos de un año.
El pleno del Parlamento Europeo había tumbado el acuerdo precedente en febrero por considerar que no se le había tenido en cuenta en las negociaciones y que el pacto no respetaba la privacidad. Ello obligó a la presidencia española a negociar con Washington una serie de salvaguardias adicionales que finalmente convencieron a los principales grupos políticos.
Además, la Eurocámara logró en el último minuto arrancar de la Comisión el compromiso de que en el segundo semestre de 2010 iniciará los trabajos para diseñar un sistema europeo equivalente que evite los envíos masivos de datos a EEUU. "Las instituciones de la UE han trabajando intensamente con la administración norteamericana para lograr un mejor equilibrio entre las necesidad en conflicto de seguridad y protección de datos", destacó el presidente del Parlamento, Jerzy Buzek.
"El acuerdo final atiende las preocupaciones clave de la Eurocámara en varios frentes importantes, incluyendo los derechos de los ciudadanos de la UE y la proporcionalidad y reciprocidad de las disposiciones", insistió.
Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, agradeció los "esfuerzos" de la presidencia española para lograr este "resultado positivo". "Este acuerdo contribuye a reforzar el vínculo transatlántico y, sobre todo, es crucial para la política de lucha contra el terrorismo en los dos lados del Atlántico", afirmó.
El acuerdo preliminar seguirá permitiendo a Estados Unidos a acceder a los datos de Swift en masa y no de forma individualizada, como reclamaba la Eurocámara. Tanto Bruselas como Washington sostienen que la trasmisión en masa es una parte estructural del sistema. La novedad es que se confiere a la agencia europea de cooperación policial, EUROPOL, la tarea de verificar que las peticiones sean tan específicas como sea posible para minimizar la cantidad de datos que se transfieren y resulten necesarias para la lucha antiterrorista.
Además, EEUU no podrá examinar los datos bancarios al azar sino que sólo examinará la información relacionada con sospechosos en investigaciones sobre terrorismo. La administración norteamericana no estará autorizada trasmitir los datos en bruto a países terceros en ningún caso. Pero sí podrá comunicar las pistas obtenidas con esta información, aunque necesitará el consentimiento de la UE si se refieren a ciudadanos o residentes comunitarios.
Estados Unidos podrá conservar los datos durante un máximo de 5 años, aunque la UE quiere negociar una reducción de este plazo en el futuro. En caso de error, el acuerdo permite a los ciudadanos europeos rectificar, bloquear o corregir los datos. Además, les reconoce la posibilidad de recurso administrativo o judicial en las mismas condiciones que un ciudadano estadounidense.
Desde 2007, ya existía un acuerdo entre la UE y EEUU que permitía a los americanos acceder a los datos de Swift y contemplaba una serie de salvaguardas en materia de protección de datos. Se firmó tras descubrirse que la administración estadounidense había estado espiando sin ningún control las transacciones de Swift desde los atentados de Nueva York y Washington en 2001.
Pero ahora, Swift ha decidido repatriar a la UE el servidor que tenía en EEUU, y desde el que la administración estadounidense accedía a los datos bancarios, para proteger mejor los datos de sus clientes. Para que EEUU siga pudiendo acceder a los datos que se encuentran en territorio europeo, en Bélgica y en Países Bajos, necesita firmar un nuevo acuerdo con la UE. Los datos obtenidos gracias a este pacto contribuyeron a investigaciones como la de los atentados del 11-M en Madrid o la de la trama que pretendía hacer estallar aviones en pleno vuelo entre Reino Unido y Estados Unidos en 2006.
