La función inspectora supone tan sólo el 7,7 por ciento del total de las competencias atribuidas a la Inspección General de Servicios
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, inauguró esta mañana, en Tenerife, las VIII Jornadas de Inspección de Servicios en las Universidades, cuyas jornadas de trabajo se celebran hoy y mañana en la Universidad de La Laguna (ULL) y a las que asisten representantes de 27 centros de enseñanza superior de todo el Estado. Ruano destacó, en su intervención, la labor de las inspecciones de servicios en las administraciones públicas y se mostró partidario de que esa experiencia se traslade al ámbito de la enseñanza superior.
El consejero explicó que "las inspecciones no deben sólo centrarse en una función inspectora de control de la legalidad, sino que deben incidir en su función consultora e impulso de la modernización". En este sentido, defendió "la unificación en un sólo departamento de la responsabilidad de los procesos administrativos y de la dirección tecnológica de los mismos, como fórmula para llegar a buen fin".
Eduardo Domenech, rector de la ULL, anunció, por su parte, la inminente puesta en marcha de un departamento de inspección de servicios en la Universidad de La Laguna. En el acto estuvieron presentes, además, el director general de Universidades, Juan José Martínez; el director de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad Universitaria, Urbano Medina; y la directora de las jornadas y vicegerente de la ULL, Soledad Muñoz.
CONFERENCIA
Al término del acto inaugural, celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la inspectora general de Servicios del Gobierno de Canarias, Socorro Beato, impartió la conferencia 'La Inspección en la calidad de los servicios públicos'.
En su intervención, Beato abordó el papel de la Inspección General de Servicios en su doble vertiente funcional: la inspectora, o de control de la legalidad, eficacia y eficiencia del aparato administrativo, y la consultora, como motor para impulsar la modernización y la calidad de los servicios públicos.
Beato subrayó que la actuación inspectora "tiene por objeto la realización de controles internos de legalidad, eficacia y eficiencia". En este sentido, destacó que con esta actuación se persigue, entre otros objetivos, determinar el grado de funcionamiento de los servicios administrativos, así como el análisis de la utilidad, el coste y la calidad de los servicios públicos, para proponer, en su caso, medidas tendentes a la simplificación de trámites, procedimientos administrativos y métodos de trabajo, la normalización, racionalización y modernización de la gestión administrativa o la creación, modificación o supresión de órganos o unidades administrativas.
En cuanto a la función inspectora, que supone tan sólo el 7,7 por ciento del total de las competencias atribuidas a la Inspección General de Servicios, explicó que, desde hace varios años, se han venido desarrollando diversas actuaciones en materia de calidad de los servicios, información y atención al ciudadano, administración electrónica y organización y gestión administrativa, de las que destacó las cartas de servicio, los premios anuales a la calidad, la ventanilla única, el sistema de sugerencias y reclamaciones, el servicio de información a atención al ciudadano (SIAC), la creación de la oficina canaria de información y el servicio de atención telefónica 012, entre otras.
Socorro Beato encuadró estas iniciativas en el marco de los procesos de reforma y modernización llevadas a cabo por las Administraciones públicas en los últimos tiempos, "con objeto de dar respuesta a la preocupación creciente por la eficacia pública, la búsqueda de la calidad en la prestación de servicios y pensando más en el ciudadano", subrayó.
