Administración riojana se dota de un protocolo integral para garantizar inclusión laboral de personas con discapacidad

   LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Comité de Seguridad y Salud del Gobierno de La Rioja ha aprobado este viernes el Protocolo Integral de Apoyo a las Personas con Discapacidad Intelectual en el Acceso y Desarrollo del Empleo Público, un documento que establece por primera vez en la historia de la Comunidad un marco homogéneo y garantista que asegura la plena inclusión laboral de estos trabajadores en la Administración General de la CAR.

   El protocolo, elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), define la metodología y las medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el acompañamiento profesional de las personas con discapacidad intelectual que se incorporen a la Administración riojana.

   Con la aprobación de este procedimiento, el Gobierno de La Rioja avanza en la construcción de una Administración más accesible, inclusiva y comprometida con la igualdad real, reforzando su papel como referente ante la sociedad riojana de la integración laboral de personas con discapacidad intelectual, y garantizando que su incorporación se produzca en condiciones de seguridad, autonomía y pleno desarrollo profesional.

   El documento establece tres objetivos fundamentales:

   Adaptación y apoyo, mediante la valoración interdisciplinar del puesto de trabajo y la implantación de las adaptaciones necesarias para que la persona pueda desempeñar sus funciones de forma autónoma y efectiva.

   Desarrollo profesional, garantizando la plena incorporación, la continuidad y la progresión laboral a lo largo de la vida profesional.

   Cumplimiento normativo, asegurando que la Administración riojana aplica las políticas de inclusión y la legislación vigente en materia de discapacidad.

   El SPRL realizará una evaluación integral del puesto, analizando tareas, entorno, organización y diseño, con participación de las áreas técnica, sanitaria y de ergonomía y psicosociología.

   El protocolo crea en cada Consejería las Unidades de Inclusión del Personal con Discapacidad (UIPD), que actuarán como apoyo especializado para garantizar la correcta adaptación del puesto, el seguimiento de la incorporación y la coordinación con los centros de trabajo.

   Además, se incorpora la figura del Tutor de Acompañamiento, un empleado público voluntario, formado en materia de discapacidad, que actuará como persona de referencia durante los primeros meses de incorporación -entre 6 y 9 meses-.

   Su función será guiar, resolver dudas, facilitar la integración y acompañar a la persona con discapacidad intelectual hasta que alcance la mayor autonomía posible.

   El protocolo prevé también la creación de una comunidad de aprendizaje formada por tutores y trabajadores con discapacidad intelectual, con el fin de compartir experiencias, recursos y buenas prácticas.

ITINERARIO PROFESIONAL Y SEGUIMIENTO CONTINUO.

   El documento prevé la puesta en marcha de un itinerario de empleo específico para personas con discapacidad intelectual, que permita identificar oportunidades de desarrollo profesional y adaptar los puestos a lo largo del tiempo, especialmente en situaciones vinculadas al envejecimiento o a nuevas necesidades de apoyo.

   Asimismo, se establece un canal permanente de comunicación entre las UIPD, el SPRL y los responsables de los centros de trabajo para detectar incidencias, evaluar la evolución y garantizar una respuesta rápida y coordinada.