Parlamento pide que se proteja población Siria y vele por derechos humanos

EUROPA PRESS

LOGROÑO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja, a través de una Declaración Institucional, ha exigido a la comunidad internacional que se proteja a la población civil Siria, y se vele por el cumplimiento de los derechos humanos. Ha indicado que desde marzo de 2011, unas 200.000 personas han perdido la vida por el conflicto armado, y más de 11 millones han abandonado sus hogares.

En la Declaración Institucional, leída al inicio del pleno del Parlamento riojano, han señalado que "es urgente que se emprendan acciones para proteger a la población civil y evitar la impunidad de los culpables de violar los derechos humanos". España, como parte de la comunidad internacional, "también tiene responsabilidad respecto a esta crisis humanitaria".

Ante ello, la Cámara riojana insta al Gobierno español a que promueva que la comunidad internacional "emprenda acciones para proteger a la población civil y prevenir que se cometan más crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y de lesa humanidad".

Exigen que se inste al Consejo General de Naciones Unidad a que "remita la situación de Siria a la Corte Penal Internacional y ordene la congelación de activos del presidente Bashar Al-Asad y sus colaboradores más cercanos".

Además reclama que se "ponga fin de inmediato a las transferencias de armas al Gobierno sirio, así como impedir el flujo de armas y otro tipo de apoyo militar a grupos armados en Siria". Así como la "imposición inmediata de un embargo global de armas a las fuerzas del Estado Islámico, en cualquier país donde se encuentren".

Solicita incrementar el apoyo, tanto financiero como técnico, al Plan de Respuesta Regional del Consejo General de Naciones Unidas para la crisis Siria.

Finalmente, el Parlamento riojano pide una respuesta acorde a los más de tres millones y medio de refugiados mediante la puesta en marcha de un Programa de Reasentamiento generoso, incrementando el compromiso de 130 plazas en 2014 y 130 más en 2015 adoptado por el Gobierno, con prioridad para mujeres y niñas en riesgo, personas con necesidades médicas o con discapacidades y otras con necesidades especiales de protección.