Un acusado de 'espiar' a políticos del PP contradice a dos exasesores: "Nadie me ordenó nada ni hice seguimientos"

Actualizado 07/02/2019 11:08:37 CET
Audiencia Provincial de Madrid
EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El guardia civil Luis Caro Vinagre, exasesor de Seguridad de la Consejería que dirigía Francisco Granados, ha declarado este jueves en el juicio que se celebra por el presunto espionaje político a exaltos cargos del Gobierno regional que "nadie le ordenó nada" sobre ningún seguimiento, en contra de lo que afirmaron ayer los exasesores acusados y también miembros de la Benemérita José Oreja y José Antonio Coronado.

La Sección Quinta de la Audiencia de Madrid ha continuado este jueves con la declaración de los acusados. Mañana arranca la fase testifical en la que comparecerán Alfredo Prada, Carmen Rodríguez Flores y Francisco Granados.

Ayer, los guardias civiles José Oreja y José Antonio Coronado manifestaron que el exdirector de Seguridad Sergio Gamón Serrano les dio "órdenes ilegales" en febrero de 2008 para seguir a políticos del PP de Madrid. Según su relato, se negaron y lo denunciaron ante Granados, consejero de Interior en aquella época.

"A mí nadie me ordenó nada ni he seguido a nadie. No he seguido a nadie en mi vida", ha aseverando en contradicción con los otros procesados. "No he estado en ninguna reunión en la que me hayan ordenado seguir a nadie. No tengo ni idea de esos papeles que sacó el País. Los miro y me da la risa. No tiene argumento", ha apostillado.

Según su relato, solían hacer labores de seguridad en eventos donde iban cargos de la Comunidad para velar por su seguridad. Disponían de un teléfono móvil corporativo y un coche para tres personas.

Además, ha relatado que informaba verbalmente si había incidentes en los actos, pero nunca en su caso lo dejaba por escrito. "Güemes --exconsejero de Sanidad-- siempre tenía una buena encima. Iban 100 personas cada vez que iba a un hospital", ha dicho.

Los seis acusados en el juicio se sientan en el banquillo por un delito de malversación de caudales públicos. El PSOE y la Comunidad de Madrid ejercen las acusaciones, ya que la Fiscalía no ve delito en los hechos denunciado.

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