MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Presupuestos y Hacienda de la Comunidad de Madrid dio hoy luz verde a la bajada del sueldo de los miembros del Ejecutivo regional y de un 5 por ciento de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.
La Ley de Medidas Urgentes modifica los presupuestos de 2010 con el fin de reducir en un 5 por ciento las cuantías de los conceptos retributivos que integran la nómina de del personal laboral del sector público, y que se aplicará el 1 de junio, a excepción de la paga extraordinaria de junio.
Se integra en este apartado a los trabajadores de la Administración de la Comunidad y organismos autónomos, al ente público Radio Televisión de Madrid (RTVM) y sus sociedades dependientes, las universidades y centros universitarios de la Comunidad y las empresas públicas con forma de entidad de derecho público con forma de sociedad mercantil.
También contempla la bajada del 5 por ciento para los trabajadores estatutarios y en el caso de Metro, establece que tiene que reducirse "al menos un 2,15 por ciento del Presupuestos de Gastos de Personal para la empresa para 2010", pero permite flexibilidad en la aplicación de la norma.
La Ley también contempla una bajada en las retribuciones de los actos cargos de la Comunidad de Madrid, Consejo Consultivo y miembros del Tribunal de Defensa de la competencia. Así, con efectos de 1 de junio de 2010, se bajará un 17 por ciento del sueldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto a lo establecido en los presupuestos de 2008; un 12 por ciento, las retribuciones de vicepresidentes y consejeros; un 11 por ciento, el de los viceconsejeros; y un 10 por ciento, el de directores generales, secretarios generales técnicos, altos cargos con mismo rango y organismos autónomos, así como del resto de altos cargos.
Asimismo, se minorarán un 5 por ciento las transferencias a los presupuestos de las universidades públicas y se reduce el importe de los módulos de financiación de los conciertos respecto a las retribuciones del personal docente que presta servicios en centros concertados. Se suspenden los acuerdos para la mejora de las retribuciones de profesores de enseñanza concertada y se reducen ayudas a formación para el personal docente.
Asimismo, se suspenden los incentivos para la jubilación anticipada, de manera que el personal docente sólo se beneficiará de las cuantías que aporte el Estado.
Gracias a la norma, también se reducen las horas de liberación sindical. A este respecto, el portavoz del PP Pedro Muñoz señaló que se pasa "de 190 liberados en educación a 72", que es lo que corresponde por la Ley nacional.
El popular cuantificó el ahorro de todas las medidas referidas en general a este colectivo en 40 millones para la Comunidad de Madrid.
Por último, se minoran un 5 por ciento las subvenciones a corporaciones locales que incluyan la financiación de gastos de personal de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad (BESCAM).
ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, el diputado socialista Adolfo Piñedo puso sobre la mesa las tres enmiendas parciales que defienden y que pasan por evitar que el recorte salarial de los empleados públicos afecte a las empresas mercantiles públicas, evitar las medidas relativas al personal docente al servicio de la Comunidad y crear un registro de personal directivo de la Comunidad de Madrid.
En primer lugar, el socialista señaló que el Decreto del Estado establece "con carácter básico" que la bajada salarial no afectará a sociedades mercantiles, ni al personal laboral no directivo de Renfe, Adif y AENA, salvo se establezca en negociación colectiva.
Piñedo abogó por suprimir las medidas relativas al personal docente al servicio de la Comunidad de Madrid y consideró que la ley "suspende lo acordado en materia de percepción económica correspondiente a vacaciones de profesores interinos, modifica la cantidad adicional que el ejecutivo aporta como indemnización para incentivar a la jubilación anticipada y suspende las licencias retribuidas por estudios".
Asimismo, sostuvo que reduce las cantidades destinadas a ayuda a formación del profesorado, y criticó la reducción de horas sindicales y la reducción del fondo para formación.
Por último, abogó por crear un registro de personal directivo del sector público autonómico, que incluya al personal que tenga tal condición cuando les corresponda el ejercicio de funciones ejecutivas de máximo nivel de las fundaciones del sector público autonómico, de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración General de la Comunidad y sus organismos y de las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir el déficit de explotación.
Por su parte, el portavoz de IU en la materia Miguel Reneses criticó la ley. En concreto, dijo que no comparte la filosofía de la ley "en su totalidad", ya que en su opinión el objetivo a conseguir no es reducir el déficit, sino el desempleo. Reneses criticó los Gobiernos "débiles con los mercados" y que sean los trabajadores los que paguen la crisis.
