Metro dice que son viables 7 comercios sobre rasante y que no pueden licitarse al estar los locales ocupados
MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los comerciantes de Metro de Madrid cifran en 700 os puestos de trabajo perdidos y en 120 las pymes cerradas a raíz del fin del convenio, la prórroga de la cesión de los espacios y la espera a que se convoque un nuevo concurso público.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Asociación de Autónomos y Comerciantes de Metro de Madrid, Francisco Ferreras.
"Estamos en la misma situación que siempre, algo más complicada incluso. Los comerciantes que quedan están en los juzgados y muchos casos a la espera de sentencias de lanzamientos", ha indicado.
Ve "lamentable" que no se haya materializado el "compromiso" de los grupos políticos la pasada Legislatura para su continuación y ha reprochado a la consejera delegada de Metro, Silvia Roldán, que no se permita que mientras se hacen los estudios sobre la viabilidad y necesidades de reforma de los locales para su licitación no se haya dejado "en funcionamiento" los que pudieran o aquellos sobre rasante.
Ferreras entiende que debería haberse sido más rápidos en el proceso de estudio y licitación o al menos que se hiciera antes de que se efectuaran las "expulsiones" o que fuera "local por local".
ACUSAN A METRO DE QUERER ADJUDICARLOS A UNA "GRAN EMPRESA"
"No están haciendo nada hasta ahora para que luego lo saquen a concurso y una gran empresa pueda gestionar todos estos espacios comerciales", ha aseverado el portavoz de los comerciantes, quien ha añadido que han solicitado a Roldán una reunión que no se ha tenido por los "protocolos" ante el Covid-19.
Además, han señalado que se podría haber puesto en marcha la licitación antes de que terminaran los procesos judiciales "esto se hace en el Metro de Barcelona, en Renfe en Adif o en Aena".
"Si mañana suspenden los procesos y vamos a una licitación ninguno de los que no la consiga intentaría quedarse sin atender a la resolución", ha garantizado el portavoz.
Pero, en el caso de que así fuera, se ha preguntado "cuánto tardarían en echarlo" y ha estimado que como mucho 3 o 4 meses, mientras que concluir la licitación y la entrada de los nuevos adjudicatarios podría tardar unos seis meses, por lo que daría tiempo incluso en el caso de que uno de los actuales comerciantes se negase a abandonar el espacio.
"Me parece que esta señora es una buena técnica pero que o la asesoran muy mal o hace un ridículo espantoso", ha cargado Ferreras contra la consejera delegada del suburbano.
ROLDÁN ASEGURA QUE LOS INFORMES ESTÁN HECHOS
Precisamente Roldán compareció el pasado viernes en la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid tras ser llamada para informar de la situación actual de los comerciantes.
Allí, explicó que a finales de 2020 se hizo un estudio de viabilidad previo para comprobar la situación y la posibilidad de obtener las licencias municipales "y lo que contemplaba o no la normativa".
"El estudio de viabilidad se centró única y exclusivamente en los sobre rasante. Con todo el trabajo previo realizado con el Ayuntamiento de Madrid quedó muy claro que la viabilidad de obtener licencias municipales eran para los locales sobre rasante", indicó Silvia Roldán, quien apuntó que correspondían a los de Aluche y Arganzuela-Planetario.
Según relató, las conclusiones fueron que había que hacer "una serie de adaptaciones" para la normativa actual. Para ello, una vez con los resultados se ha procedido a trasladar los condicionantes técnicos a la preparación de los pliegos de prescripciones técnicas que son individualizados para cada local.
Así, entre las condiciones que deben cumplir estos locales para tener actividad comercial se encuentra tener una salida independizada de los "circuitos de movilidad de Metro de Madrid" y exigen unas obras de adaptación "realmente importantes". Añadió que los pliegos de prescripciones están terminados.
"La única razón por la que no se han licitado es porque esos locales están ocupados. Yo licito un pliego con informe de asesoría jurídica donde nos insta a que todos los procedimientos de tribunales tienen que estar concluidos para que se puedan licitar de forma limpia, transparente y clara", zanjó la consejera delegada.
