29 de marzo de 2020
 
Actualizado 26/03/2020 17:58:54 CET

La Comunidad de Madrid pide que baste una declaración responsable para justificar ERTEs

Imagend e recurso del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, junto al consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad, Manuel Giménez.
Imagend e recurso del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, junto al consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad, Manuel Giménez. - COMUNIDAD DE MADRID

Se ve obligada a tramitar más de 20.000 ERTE con tan solo 15 funcionarios

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha pedido cambiar el sistema por el que se autorizan los ERTEs, para que baste con que las empresas que vayan a realizarlos presenten una declaración jurada de que lo hacen por fuerza mayor, ante la "solicitud masiva" que se está produciendo.

Según fuentes de la Consejería de Economía hasta el momento se están tramitando 20.000 ERTEs, con los tan solo 15 funcionarios de los que dispone la Administración regional para ello. Ante esta situación, el consejero del ramo, Manuel Giménez, ha mandado una misiva este miércoles a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Hasta este momento, se han registrado más de 27.000 ERTEs en la región.

En ella, le explica que la solicitud de ERTEs "por fuerza mayor desborda cualquier capacidad administrativa de tramitación" e incide en que la Comunidad, que concita "gran parte el tejido empresarial de España", padece "de forma especialmente grave este proceso".

En este sentido, recuerda que en la actualidad cuentan con dos escenarios diferentes de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto Ley 8/2020: Primero, los ERTs por fuerza mayor presentados antes del 18 de marzo, que deben ser informados por la Inspección de Trabajo, con suspensión del plazo de los 5 días.

Mientras que, en paralelo, los ERTEs presentados a partir del 18 de marzo, donde el informe de la Inspección es potestativo, sin facultad de suspensión, y que se han sujetado a un plazo hiperrestrictivo de cinco días hábiles, tras el cual se estima la solicitud mediante silencio administrativo positivo.

Según Giménez, dicha regulación lleva a que en la práctica los expedientes presentados desde el 18 de marzo son resueltos antes que los de días anteriores, lo que considera "incomprensible para las empresas y los trabajadores". Se crea así "una lógica sensación de indefensión", que lleva a que se vuelvan a presentar de nuevo para que "sean acreditados de acuerdo a las reglas actuales".

SOLICITUDES PRESENTADAS MÁS DE UNA VEZ

"Numerosísimas solicitudes son presentadas en dos, o incluso más ocasiones, por esta incoherencia regulatoria. Además, se están recibiendo decenas de solicitudes que se presentan ante una autoridad manifiestamente incompetente, o directamente ante varias autoridades autonómicas y estatal", señala el consejero regional.

Mientras que en otros casos, "el supuesto de hecho no se aclara siquiera mínimamente, o ni se facilita la relación de trabajadores afectados, pero resulta imposible requerir documentación a la empresa por causa del perentorio plazo impuesto" o "el plazo de alcance del expediente excede con mucho el que cabe esperar de la actual crisis".

Para Giménez, "el gran peligro de esta situación se residencia en que la regulación discutida ignora las consecuencias de tener que tramitar, en tan breve plazo, las miles de solicitudes recibidas".

Por ello, considera que la aprobación del expediente de regulación temporal de empleo mediante silencio positivo provoca "una inseguridad innecesaria, particularmente grave para los trabajadores afectados, debiendo ser un mecanismo subsidiario y a evitar".

Y, provoca, además, "un grave detrimento al interés general, al imponer efectos estimatorios incondicionados, que, por lo demás, siguen exigiendo pronunciamiento expreso de las autoridades laborales, cargando de nuevo a esta con esta obligación, y ya sin poder ni siquiera controlar el resultado de la solicitud".

Ante esto, desde el Gobierno autonómico solicitan que se sustituya la constancia de la autoridad laboral por la declaración de responsabilidad de la empresa sobre la existencia de la situación de fuerza mayor que causa el ERTE.

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