MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Delegación del Gobierno en Madrid ha solicitado una investigación por la carga policial contra manifestantes en defensa de la Educación Pública que el lunes se congregaron a las puertas del Palacio de Santoña, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistía a un acto.
Así lo han confirmado fuentes de la Delegación consultadas por Europa Press, que además añaden que desde la institución defienden que se "analice" la actuación policial cuando no cumpla con los principios de proporcionalidad y oportunidad, respondiendo así a la petición de sindicatos educativos que han solicitado una investigación por las cargas del lunes.
"Desde Delegación siempre se reclama que las actuaciones policiales atiendan a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que marca la ley, y que se analice y responda cuando pueda incumplirse cualquiera de estos principios", apuntan fuentes de Delegación consultadas por Europa Press.
La institución que encabeza Francisco Martín responde así a las críticas de sindicatos de Educación por las "violentas y desproporcionadas" cargas del lunes, especialmente cuando cientos de manifestantes se concentraron frente al Palacio de Santoña para un 'escrache' a la presidenta madrileña.
La Policía tuvo que intervenir y cerrar los accesos del edificio para garantizar la seguridad de la presidenta madrileña con cargas hacia los manifestantes para despejar la zona y liberar la salida. El comité de huelga aseguró que varias personas resultaron heridas como consecuencia de la actuación policial.
Así, reclamaron a la Delegación del Gobierno que garantizara que no se vuelvan a repetir actuaciones de esta naturaleza y recordaron que las intervenciones policiales del lunes se suman a las que ya sufrieron los manifestantes el pasado miércoles durante las protestas en la Universidad Complutense.
Tras las "duras imágenes" de aquellas cargas policiales, el delegado del Gobierno en Madrid confirmó que había solicitado al jefa superior de Policía una "investigación de urgencia" ante la posible desproporcionalidad de la actuación en una decisión fuertemente criticada por los sindicatos policiales.
