El sindicato reclama a la Comunidad que prohíba a las empresas que registran elevado número de accidentes concursar en la Administración
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El descenso de la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid registrado en los últimos diez años ha permitido un ahorro en pensiones de 14,3 millones de euros, según se desprende de un informe sobre 'La Siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid y la inversión en políticas preventivas' presentado este martes por UGT Madrid.
Según los datos que manejan desde UGT-Madrid el descenso de la siniestralidad en la última década ha supuesto en 2014 un gasto de 16.299.565,79 euros en pensiones derivadas de accidentes de trabajo en la Comunidad de Madrid, y si nos encontrásemos en los valores de hace 10 años (con un índice de 56,4) se hablaría de un incremento del 88 por ciento en el numero de accidentados y por tanto en un gasto similar que se podría elevar en el mismo porcentaje.
Extrapolando el porcentaje a los datos de 2014 se hablaría de un gasto de 30.643.183,68 euros y por tanto un ahorro de 14.343.617,89 euros. Este ahorro solo tiene en cuenta los costes directos que son asegurables, sin valorar los costes indirectos de los cuales se ocupan las empresas, las familias de los accidentados o sociedad en su conjunto.
El secretario general de UGT Madrid, Carmelo Ruiz de la Hermosa, ha explicado, en declaraciones a Europa Press que, si bien es destacable que Madrid tiene el índice de siniestralidad laboral más bajo de España, todo sigue siendo "insuficiente" porque han detectado cómo en 2014 y 2015 están "repuntando" los accidentes laborales "en todos los baremos": el leve, el menos grave, el grave y el de mortandad.
Por eso, consideran que en la Administración regional se tienen "que tomar medidas y empezar a poner la carne en el asador". En este punto, han reclamado que a aquellas empresas que están teniendo accidentes laborales graves por faltas de medidas no se les permita trabajar en las administraciones.
"Les hemos pedido que hagan un listado con estas empresas para que no puedan concursar para hacer ningún tipo de prestación de servicio administrativo ni de obra en la Comunidad", ha explicado Ruiz de la Hermosa, quien también considera que la inspección, tal y como está planteada, "es totalmente insuficiente" pues no debe estar basada en acudir cuando se produce el accidente sino para "vigilar y controlar", ha explicado.
Por otro lado, el secretario general ha explicado que en el último Plan Director, el IV, se quitaron, por una cuestión de distribución de presupuesto, las campañas informativas a los trabajadores (se hacían en el Metro, en los buses y en los medios de comunicación). "Servían de mucho porque motivaba a los trabajadores", ha explicado.
Frente a esto han hecho más de 4.000 visitas "puerta a puerta" a las empresas de Madrid pero el contacto es "directamente" con el empresario, al que trasladan la obligatoriedad de contar con un plan de salud laboral, pero han detectado que la información no llega de igual manera a los empleados.
TODO TIPO DE COSTES
El sindicato recoge en su informe todas las vertientes de los costes que suponen los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Así, destaca en primer lugar el humano. "Las compensaciones que se reciben nunca llegan a cubrir los costes económicos verdaderos", ha explicado la organización.
"Los trabajadores soportan un coste económico, ya sea por una reducción de sus ingresos, ya sea por el daño a su perspectiva laboral futura", han señalado. A estos costes, hay que agregar el impacto económico sobre los familiares del accidentado/a que asumen las tareas de cuidarle, sin compensación económica alguna. Estas tareas son asumidas generalmente por familiares que ven disminuida la posibilidad de trabajar, lo que supone otro coste añadido.
En cuanto al coste de las empresas, son "importantísimos", ha destacado Ruiz de la Hermosa. Por un lado, tienen que asumir los directos, que tienen que ver con los fijos en concepto de prevención y seguridad, donde se incluyen la evaluación, la planificación, el concierto con un servicio de prevención, entre otros.
Por otro lado, están los indirectos, que la empresa no suele tener en cuenta, y que tienen que ver con los costes salariales, los daños a la imagen corporativa, los derivados de la sustitución del trabajador, los materiales, los complementos por incapacidad temporal, el recargo de las prestaciones, los costes por responsabilidad civil o penal, las propias sanciones administrativas o los derivados de infracciones en materia de seguridad y salud laboral.
