Les acusa de delitos de amenazas, revelación de secretos y encubrimiento
MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un exafiliado de Cs en Becerril de la Sierra ha interpuesto una querella en los juzgados de Colmenar Viejo contra dos militantes del partido, entre ellos el coordinador de Organización en el Comite Noreste de Madrid, por delitos de amenazas, revelación de secretos y encubrimiento en relación a la grabación de una conversación privada sobre la organización interna del grupo político que se difundió a través de la plataforma 'WhatsApp'.
En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, el exmiembro de Ciudadanos, vecino de este municipio de la sierra norte de Madrid, solicita que, una vez practicadas las diligencias necesarias, se impute a Miguel Bravo Feito los delitos de amenazas y revelación de secretos y a Juan Ángel López Serrano, un delito de encubrimiento.
Además, reclama que se les prohíba acercarse a menos de 500 metros de su persona, de su mujer y de la vivienda donde residen, durante un período de cinco años.
Los hechos objeto de la querella tienen su origen en una reunión organizativa del partido que lidera Albert Rivera que se celebró el pasado 21 de mayo en Collado Mediano.
En dicha reunión, Bravo habría amenazado al querellante con "tener grabaciones suyas", en las que "se discutían elementos relativos a la organización interna del partido en su municipio".
Concretamente, según detalla el documento, "se vertían opiniones personales, en el ámbito de la privacidad, sobre la posibilidad de constituirse en agrupación local, así como los posibles integrantes de dicho organismo". Según la querella, la grabación telefónica tuvo lugar el pasado abril.
TESTIGOS OTROS MIEMBROS DE CS
En la reunión donde supuestamente se vertieron las amenazas, estaba presente López Serrano, coordinador de Organización de Ciudadanos en el Comité Noroeste de Madrid, y responsable en virtud de su cargo del régimen disciplinario del partido en dicha demarcación.
También se hallaban presentes, entre otras personas Carlos Martínez, Coordinador de la Agrupación Local de Moralzarzal; Juan Magaz, Coordinador del grupo local de Becerril de la Sierra; Guillermo Herranz, Coordinador General del Comité Noroeste de Madridy Carlos Martínez Bertrand.
"En un primer momento, el señor López Serrano manifestó al querellante que procedería a actuar, en el marco disciplinario y sancionador del que también es responsable, contra el querellado por las actitudes exhibidas en la meritada reunión de fecha 21 de Mayo", señala la querella.
Sin embargo, el querellante subraya que "no sólo no se ha procedido a abrir expediente disciplinario alguno" contra Bravo, sino que López Serrano se ha puesto de parte de éste, llegando a manifestar en
otra asamblea del partido en Becerril --24 de Agosto 2018-- que existe amistad entre ambos.
Tras mostrar el querellante su interés en que Cs protegiera sus derechos, Bravo le manifestó que el tema de la conversación grabada era "un farol". Sin embargo, el querellante cobró conciencia el pasado noviembre de que las amenazas se habían llevado a término.
"No sólo la grabación existía, sino que se procedió a su difusión a
través de la plataforma Whatsapp, alcanzando (entre muchas otras personas) a un gran número de miembros del partido de Becerril de la Sierra". Incluso le llegó a él mismo.
La querella destaca que ha sido imposible obtener "una efectiva tutela de los derechos del querellante a través de los mecanismos del partido que, lejos de haber procedido a investigarlos y
denunciarlos como constitutivos de delito que son, ha preferido desentenderse de la cuestión en base a motivaciones que son desconocidas".
"Llegado este punto resulta indiferente que el problema no haya sido debidamente afrontado de forma orgánica por querer mantenerlo en secreto y/o por la existencia de intereses y amiguismos ocultos, puesto que el querellante se ve obligado a recurrir a la tutela judicial de los derechos que han sido gravemente socavados".
De este modo, el documento señala que los hechos revisten los caracteres típicos de los delitos de amenazas, revelación de secretos y encubrimiento, tal y como aparecen contemplados en los artículos 169 y siguientes, 197 y siguientes y 451 y siguientes del Código Penal.
