Reconocen un cambio en el trato y un mayor interés de la nueva directora hacia las condiciones, pese a que "continúa" la "falta de personal"
MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Familiares de usuarios de la residencia 'Francisco de Vitoria' de Alcalá de Henares han entregado este viernes ante la Fiscalía nuevos informes médicos de residentes para añadir a la documentación en la investigación por la denuncia de Podemos sobre las condiciones del centro.
En declaraciones a Europa Press, la portavoz de los familiares, Julia Martínez, ha subrayado que entre la documentación entregada este viernes en el Juzgado están informes de "anemias, desnutrición o analíticas descompensadas" sufridas por alguno de los residentes.
Así, los familiares han presentado cerca de una decena de nuevos informes que se sumarían a los ya presentados en marzo, con lo que el total aportado rondaría la veintena.
Aunque el número de ancianos ingresados en esta residencia pública ronda el medio millar, Martínez ha defendido que los informes presentados pueden ser "pocos", pero son "contundentes", y ha precisado que hay muchas familias que no han querido aportar informes e incluso "dificultades" por parte de algunos médicos para facilitarlos.
Pese a que Martínez ha señalado que problemas como la falta de personal "continúan" en el centro, ha admitido un cambio en el trato recibido desde la dirección de la residencia a partir de la llegada de su nueva responsable, María José Mena, a finales de marzo.
"INTERÉS" DE LA NUEVA DIRECCIÓN
Así, ha resaltado el "interés" mostrado hacia los residentes y sus familiares, o hacia la calidad de la comida. También ha aludido a una mejora del material con que cuenta la residencia o de las atenciones que reciben los ancianos, a los que ahora "se saca más a pasear", ha puesto como ejemplo Martínez.
El pasado mes de febrero, Podemos Alcalá de Henares presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que subrayaba la mala calidad de la comida que servía a los residentes y apuntaba a que había personas que habían "perdido peso" y se daban incluso condiciones de "desnutrición".
En el escrito entregado a la Fiscalía y firmado por el portavoz municipal de Podemos, Julián Martínez Pérez, la formación morada recordaba que esta residencia es "cien por cien pública", por lo que pedía responsabilidades a la Comunidad y se sumaba a las críticas por la "falta de personal".
Tras la presentación de la denuncia, la Fiscalía del Área de Alcalá de Henares requirió documentación a diferentes organismos para investigar la denuncia. El Ministerio Público abrió un expediente gubernativo para recabar información, sin carácter penal, sobre los hechos denunciados para investigar la posible existencia de algún ilícito penal.
Junto a las críticas por el estado de las instalaciones y la comida que se ofrece a los mayores, el Ayuntamiento de Alcalá realizó una inspección sanitaria el pasado 28 de febrero en la que detectaron niveles muy altos de legionela, con más de 8.000 unidades formadoras de colonias, una inspección calificada de "irregular" por parte de la Comunidad de Madrid, por no cumplir "ninguno de los requisitos exigidos" por la Dirección General de Salud Pública, encargada del control de las residencias públicas y "único organismo competente para determinar que existe" esta bacteria. Asimismo, la Administración regional recordó que se había detectado ningún caso de legionelosis en las personas.
Un mes después, se produjo el relevo en la Dirección del centro, mientras que el pasado 14 de abril la Comunidad de Madrid anunció la licitación de un nuevo contrato de suministro de alimentos para todas las residencias y centros de día de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que incrementará un 25% el presupuesto para la adquisición de productos y materias primas respecto al actual --hasta los 26 millones anuales--, con el objetivo de hacer frente a la fuerte subida del precio de los alimentos registrada en los últimos meses, y en el que se primará "la calidad frente al precio".
NUEVO CONTRATO DE ALIMENTOS
El precio de licitación del nuevo contrato ascenderá a 26 millones de euros anuales, más de cinco millones por encima del actual, que se sitúa en los 20,8 millones. Además, en su adjudicación primarán los criterios relacionados con la calidad de los suministros --especialmente en los productos frescos-- frente al precio ofertado por los licitadores, que supondrá menos del 50% de la valoración frente al actual 70%.
También se ampliarán los controles para la comprobación de la correcta ejecución del suministro por parte de la empresa que resulte adjudicataria del lote de supervisión del contrato, que realizará "al menos una visita semanal a los almacenes de cada proveedor y dos controles analíticos mensuales".
Por otro lado, se endurecerán las penalidades por cumplimiento parcial o defectuoso del contrato, así como las causas de resolución del mismo, según indicó el Gobierno regional.
Tras superar todas las fases exigidas en la Ley de Contratos del Sector Público, está previsto que el nuevo acuerdo entre en vigor en enero de 2024. Hasta entonces, se realizará una prórroga técnica del actual, ya que el presente contrato vence en septiembre.
En cualquier caso, el Gobierno regional recalcó que se mantendrán y reforzarán todos los controles que se llevan a cabo para "garantizar que los actuales proveedores cumplen con los estándares de calidad exigidos por la Comunidad de Madrid".
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