MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los juicios sobre el espionaje político en la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre y sobre los detenidos en la noche del 15 de mayo de 2011 mancarán el arranque de la actividad judicial en 2019 en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo.
Seis funcionarios públicos, entre ellos el exdirector de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad, se sentarán a partir del próximo 4 de febrero en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid.
La vista oral, que se prolongará hasta el 22 de febrero, se celebrará en plena precampaña electoral por la Presidencia madrileña ante las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo.
Entre otros, de testigo desfilará previsiblemente Francisco Granados, quien fuera 'mano derecha' de Aguirre durante su Gobierno y persona que dirigía la Consejería de Interior de la que dependían los funcionarios acusados.
Una de los abogadores defensores pidió sin éxito a la magistrada investigar a Granados por formar parte de una presunta "organización criminal", que "operó con funcionarios de distintas administraciones públicas" y que utilizó a los acusados como "escudos para ocultar sus presuntas actividades delictivas".
UN JURADO POPULAR
La causa instruida por la jueza Carmen Valcarce será juzgada por un Jurado Popular, cuyos miembros tendrán que decidir sobre los hechos de los que se acusa a Sergio Gamón, y a otras cinco personas, tres de ellos guardias civiles. La Fiscalía de Madrid no ejerce acusación.
Fue el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
En otro juzgado se celebrará del 11 de febrero al 1 de marzo el juicio contra los catorce detenidos la noche que desembocó en el movimiento 15M. Los acusados se enfrentan a penas de prisión de seis años de cárcel a cada uno sumando 74 años de petición de prisión.
El escrito de acusación, de octubre de 2014, acabó afectando a 14 detenidos. La Fiscalía pide para 13 de ellos una condena de seis años de cárcel y para la restante imputada solicita una pena de un año y seis meses de prisión.
A todos se les acusa de delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia, atentado a agentes de la autoridad, faltas y delitos de lesiones.
