La compañía dice que abonará el 50% del recargo (el máximo) antes de la vista y la viuda del primer caso de enfermedad profesional carga contra la compañía por "reabrir el dolor" para no asumir su responsabilidad
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Metro de Madrid y la Seguridad Social irán a juicio por el porcentaje a abonar del recargo de prestación a los trabajadores del suburbano con enfermedad profesional reconocida, incluido el de los que ya han fallecido, a causa de exposición al amiento.
La compañía ha acudido a la vía judicial con una reclamación dirigida a la Seguridad Social referida al caso de Julián Martín, el caso del primer trabajador con enfermedad profesional y que falleció en 2018 por cáncer relacionado con amianto y sobre el que el Instituto Nacional de la Seguridad Social elevó un recargo de prestación del 50 por ciento, el máximo fijado.
Fuentes de Metro han explicado a Europa Press que el objetivo de esta demanda es que un tribunal establezca qué porcentaje de recarga tiene que haber para estos casos y establecer un baremo a la hora de afrontar este tipo de cuestiones. "No es que queramos evitar ningún pago, sino que se establezca qué porcentaje corresponde", han agregado.
La demanda ha recaído en el Juzgado de lo Social número 37 de Madrid que ya la ha notificado a la Tesorería General de la Seguridad Social al INSS, y a la viuda e hija de Julián Martín, al que Metro ya tuvo que indemnizar con más de 370.000 euros.
Este órgano judicial ya ha comunicado a las partes implicadas que irán a juicio y ha recordado que previamente existe la opción de evitarlo en un acto de conciliación, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press. Su viuda ha confirmado que ya ha recibido la notificación de la demanda y que el juicio está señalado el 6 octubre de este año.
Desde Metro han explicado que la reclamación presentada se dirige solo ante la Seguridad Social y "no a la familia del fallecido", pero que subsidiariamente han sido citados en el proceso.
La viuda de este empleado, Eugenia Martín, ha criticado con dureza a la compañía por llevar esta cuestión a los tribunales y tratar de buscar una "rebaja" en el recargo de prestaciones, que aún no ha pagado, algo que no entiende porque Metro ya les ha abonado la indemnización de más de 370.000 euros en una sentencia que certificó el no haber tomado medidas para prevenir de la exposición al amianto.
PROVISIÓN DEL IMPORTE MÁXIMO DEL 50% ANTES DEL JUICIO
Desde Metro han asegurado que antes de que se celebre el juicio va a "provisionar" a la Seguridad Social del importe máximo del 50 por ciento de prestación antes de que se celebre el juicio hasta que el dictamen judicial determine qué porcentaje exacto se establece. "Lo más importante para nosotros es que queremos afrontar y realizar el pago de recarga de prestación", han incidido
Mientras, Eugenia Martín ha detallado que cuando a su marido le reconocieron en septiembre de 2017, se inició la investigación llevada a cabo por la Inspección de Trabajo que resolvió en marzo de 2018 interponer varias actas de infracción.
La principal fue la propuesta de multa de 190.000 euros por no haber tomado medidas que evitaran la exposición a este material potencialmente cancerígeno, pero también se eleva desde el INSS el incremento de prestaciones del 50 por ciento para Julián Martín en virtud de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, "al no haber tomado" medidas de seguridad para garantizar la correcta salud laboral de su empleado.
Es decir, aparte de la incapacidad permanente que le fue reconocida, Metro debía abonar también un incremento del 50 por ciento del salario que percibía este trabajador, algo que reconoció el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció en enero de 2019 a efectos retroactivos, cuando ya había fallecido este empleado y que le fue notificado a sus familiares. Además, según ha explicado Eugenia Martín, ello comportaba también un incremento en un 50 por ciento de su pensión de viudedad.
No obstante, tal y como ha relatado, Metro presentó entonces una reclamación oponiéndose a este incremento de prestaciones, primero por la vía administrativa, en base a que el expediente del INSS había "caducado" ya que había pasado el plazo para resolver, además de añadir que la Inspección solo se basaba en testimonios para hacer sus conclusiones.
Ante ello, la familia también envió sus alegaciones y la Seguridad Social resolvió en octubre la desestimación de la reclamación del suburbano. En su demanda, ha aseverado la viuda, alude a que no había "motivos objetivos" para adoptar este aumento de prestaciones al "cuestionar" la labor de la inspectora, afirmando que sus conclusiones se basaban en declaraciones de la familia y compañeros de trabajo "no contrastadas".
Tras la desestimación, la viuda de Julián Martín pensaba que se había dado "carpetazo" a este asunto pero la compañía ha optado por ir a la vía judicial, algo que para ella "no es entendible" cuando precisamente existe una sentencia "firme" que condena a la empresa a pagar una indemnización precisamente por no tomar medidas para evitar la exposición al amianto.
"METRO ESTÁ OBSESIONADO EN NEGAR EL AMIANTO"
"Necesitamos un poco de paz y queremos Justicia", ha espetado Eugenia Martín para recordar que el 6 de febrero tendrá que declarar en la causa penal abierta contra exresponsables del área de Salud Laboral de Metro por el caso amianto, en el que ejercen como acusación particular.
"Metro está obsesionado en negar que hay amianto, en que la gente no se ha contaminado con amianto, que la gente se ha contaminado con otras cosa... Es un despropósito", ha censurado al viuda de Julián Martín para exigir a Metro que "asuma ya su responsabilidad por el daño que han provocado" y deje su postura "impresentable" de poner en duda a otros organismos públicos, como son la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo.
Además, ha rememorado que ya hay cuatro fallecidos a causa de enfermedad profesional relacionada con amianto, dos de ellos ya jubilados, con dos antiguos trabajadores en vías de reconocimiento de la enfermedad profesional y un trabajador de limpieza de una contrata (encargado de limpiar los bajos de los trenes) que, según asevera, tiene también cáncer generado por el asbesto.
Por otro lado, ve "triste" que el suburbano madrileño utilice así el "dinero público" porque aparte de alargar el proceso, deberá pagar intereses de demora en caso de ser perder el juicio. En esta línea, ha afeado que Metro, en su opinión, recurra a los tribunales para buscar una "rebaja" del porcentaje de prestación que debe abonar. "Regatean y encima te causan daño", ha recriminado al metropolitano madrileño.
También ha señalado Eugenia Martín que el entonces presidente de la Comunidad Pedro Rollán, días después de conocer la sentencia condenatoria a Metro por el caso de su marido, manifestó a los medios de comunicación que "no quería un calvario judicial para las víctimas". "Eso se ha demostrado que era mentira", ha zanjado para añadir que la nueva consejera delegada de Metro, Silvia Roldán, "podía haber actuado de otra manera".
