PSOE ratifica una denuncia por prevaricación contra el alcalde en adjudicaciones por 40,5 millones

ARROYOMOLINOS 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha ratificado ante el juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero la ampliación de una denuncia contra el alcalde de la localidad, Juan Velarde (PP), y su equipo de Gobierno por un presunto delito de prevaricación por la supuesta adjudicación irregular de obras entre 2003 y 2007 por valor de 40,5 millones de euros, según ha informado este martes a Europa Press el portavoz de la formación, Juan Carlos García.

El edil ha asegurado que ayer el Grupo municipal "ratificó" la ampliación de la denuncia --que se presentó en mayo de 2007-- y ha informado de que, ahora, el juzgado ha determinado que "se sume al procedimiento" ya abierto contra el Ejecutivo local por el presunto fraccionamiento de contratos, y que obligará a declarar, el próximo día 1, al cuerpo técnico municipal, entre ellos, los responsables de Secretaría, Intervención, Tesorería y Contratación del Ayuntamiento, como testigos.

La ampliación de la denuncia se refiere, según el PSOE, a las adjudicaciones de una decena de obras --entre ellas el cuartel de la Guardia Civil o las instalaciones de Policía local-- que "no siguieron el procedimiento administrativo habitual" por lo que "existen fuertes indicios de comisión de un posible delito de prevaricación", según la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, según Juan Carlos García, las adjudicaciones se realizaron mediante "encomiendas de gestión a la Empresa Municipal de la Vivienda" (EMUVISA) y contaron con "informes desfavorables de Intervención y Secretaría".

De hecho, la documentación aportada por los socialistas revela la existencia de un informe de la Secretaría general del Ayuntamiento que, en 2004, calificó las encomiendas como "fraude de ley y huida del derecho administrativo", según García.

En la ratificación de la denuncia, los denunciantes aseguran que el Ayuntamiento arroyomolinense no mantuvo un "control análogo" sobre la EMUVISA y consideran que "en muchos de los casos" las encomiendas se realizaron sin que Intervención tuviese "conocimiento previo" para poder "realizar una fiscalización".

Además, entre otras presuntas irregularidades se apunta al hecho de que algunas facturas de EMUVISA no estaban "conformadas por personal laboral" que mantuviese en aquel momento "relación laboral con el Ayuntamiento" o que, en el caso de la rehabilitación del Torreón, se iniciaron obras "careciendo de los permisos necesarios", hecho éste que denunció el Grupo municipal ante la Dirección General de Patrimonio.

La denuncia ratificada pide al juzgado que se investiguen las adjudicaciones de los bajos del centro Polifuncional y la construcción de la Casa Cuartel de la Guardia Civil (por importe de 12 millones de euros), la construcción de la escuela de música y el auditorio (26 millones), las obras en el recinto ferial y aparcamiento (2,4 millones), un vivero de empresas (339.297 euros), la construcción del complejo deportivo 'Los Mosquitos' (3,6 millones), un edificio en la calle Potro (1,3 millones), la instalación de paneles solares en la piscina del polideportivo municipal (146.476 euros), el ajardinamiento de Las Castañedas (1,9 millones) o la reordenación de huertos familiares (103.767 euros).

DECLARACIONES EL DÍA 1

La ratificación de la ampliación de la denuncia ha llevado al juzgado de Navalcarnero a incluirla en el procedimiento abierto tras otra denuncia socialista de 2007 para investigar un posible delito de malversación de caudales públicos en la Administración local.

A raíz de ella, el juzgado ha decidido investigar si, entre 2004 y 2006, se "trocearon" presuntamente contratos públicos "millonarios" con el fin de adjudicarse "a dedo" presumiblemente a empresas sin necesidad de publicitar estas convocatorias, según el portavoz de los socialistas.

En este punto, el PSOE ha explicado que en el decálogo de adjudicaciones de 2004 figura un abono del Ayuntamiento, por importe de 52.000 euros, a la "empresa personal" del ex secretario de Organización del PP y actual concejal popular José Vallejo.

En este caso, según el portavoz de los socialistas, la adjudicación carecería de contrato y contaría, además, con un informe desfavorable de Intervención. García ha apoyado la idea de que el regidor de la localidad, Juan Velarde, debía "conocer" esta situación puesto que algunos abonos se realizaron mediante decreto de Alcaldía.

Por su parte, el Gobierno municipal ha negado las acusaciones que se les imputan al asegurar que todas las contrataciones que se realizan en la Administración local están plenamente sujetas a la ley, ya que cuentan "con todos los informes preceptivos favorables".

Además, ha asegurado en un comunicado que "ninguno" de sus concejales "se ha beneficiado directa o indirectamente de las contrataciones realizadas" y que el proceso de contrataciones se lleva a cabo con una transparencia mayor que la exigida por la Ley, ya que, "por voluntad del alcalde, el Partido Socialista de esta localidad forma parte de todas las mesas de contratación, cobrando dietas por asistir a las mismas, y nunca la oposición ha recurrido o impugnado contratación alguna".