Técnicos de 8 municipios controlarán el entorno y la educación de menores infractores para que se reinserten plenamente

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, suscribió hoy convenios de colaboración con ocho municipios de la región para realizar el seguimiento social de los menores infractores, una vez que han cumplido la medida judicial correspondiente, con el objetivo de que su integración sea completa.

Los municipios que se han sumado a este proyecto han sido Parla, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, San Martín de la Vega, Las Rozas, Majadahonda, Algete y El Escorial. Estas localidades se unen a los municipios de Humanes, Móstoles, Torrejón de Ardoz, que tienen en la actualidad suscrito un acuerdo de este tipo.

Durante la firma, Granados incidió en que estas medidas están encaminadas a conseguir el fin con el que fue creada la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, es decir, concentrar, desarrollar y ejecutar programas y actuaciones que contribuyan a la reeducación y reinserción de estos jóvenes que han cometido algún delito.

Granados explicó que con este acuerdo se favorecerá a los jóvenes que tienen medidas judiciales en medio abierto, es decir, que no están recluidos en ninguno de los centros de menores. "Necesitan, además del apoyo de la Agencia del Menor Infractor, de alguien que monitorice de alguna manera esas medidas y que les ayude a reinsertarse, entrevistándose con su familia, profesores, amigos. Todo ello para que estos jóvenes salgan de una vez por todas de ese mundo desordenado para volver a lo que debe ser una vida sana y normal, como tienen la inmensa mayoría de los jóvenes madrileños", agregó.

Con la firma de este convenio, los ayuntamientos se comprometen a cooperar en una serie de actuaciones con los menores infractores de la Comunidad de Madrid y, en especial, con aquéllos que residen en su municipios, considerando que se trata de una población en situación de riesgo social y con necesidad de reinserción en su propio medio sociofamiliar.

"Con esto se consigue una respuesta ágil y eficiente a las necesidades socioeducativas que presentan estos menores y jóvenes con residencia fijada en una localidad de nuestra Comunidad y, por lo tanto, en un territorio, población y marco social determinado", afirmó Granados.

En este caso, el acuerdo va dirigido a los menores que cumplen alguna medida en medio abierto, y más concretamente, para menores que están en libertad vigilada y que están prestando algún servicio en beneficio de la comunidad.

En la actualidad, un total de 1.050 menores se encuentran cumpliendo medidas judiciales en medio abierto en la región, de los cuales, siete pertenecen al municipio de Humanes; 37, a Móstoles; 21, a Torrejón de Ardoz; cinco, a Algete; uno, a El Escorial; trece, a Las Rozas; 16, a Majadahonda; catorce, a Parla; trece, a Pozuelo de Alarcón; cinco, a San Martín de la Vega; y siete, a San Sebastián de los Reyes.

PERSONAL ESPECIALIZADO

Para llevar a cabo este seguimiento, los ayuntamientos deberán designar entre su personal a un titulado/a de Grado Medio con experiencia en el trabajo social con menores que, dependiendo orgánicamente del ayuntamiento, seguirá prestando sus servicios en el seno de la Corporación y colaborará con el Programa de Ejecución de Medidas Judiciales en Medio Abierto de la Agencia de Menor Infractor.

Así, el técnico designado hará un seguimiento de la medida judicial impuesta al menor infractor, lo que conllevará un trabajo en el propio medio sociofamiliar, educativo, laboral y social de los menores sujetos a medida, siempre dependiendo de cada caso concreto.

El consistorio le dotará de los medios materiales necesarios para la realización de su trabajo, y especialmente para la realización de informes periódicos y preceptivos que deben presentarse ante la Agencia del Menor Infractor.

Por su parte, la Agencia proporcionará a este profesional formación y apoyo del personal especializado en la ejecución y seguimiento de las medidas judiciales no privativas de libertad. Asimismo, el técnico podrá utilizar la infraestructura de la Agencia del Menor y tendrá acceso a la información necesaria para poder llevar a cabo su trabajo.

Tal como establece la Ley de Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, las comunidades autónomas con competencias para ejecutar las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias firmes pueden establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la Administración del Estado, locales o de otras comunidades autónomas, así como de entidades privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de estas medidas bajo su directa supervisión y sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.