MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Torres de la Alameda de 1995 a 1999, según el contenido de un informe remitido al Parlamento y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press.
El Pleno del Tribunal de Cuentas acordó en febrero de 2007, a iniciativa de la Asamblea de Madrid establecer la fiscalización de la actividad económico-financiera de este Consistorio y sus empresas municipales dependientes, correspondiente a los ejercicios 1995 a 1999. Anteriormente, la gestión de 1991 a 1995 del Ayuntamiento también fue objeto de fiscalización y se detallaban diversas deficiencias e irregularidades sobre el control interno, festejos, transferencias otorgadas y recibidas, endeudamiento financiero, actuaciones urbanísticas y contratación.
En el periodo 1995-1999, en algunos casos se incumple lo establecido en la Orden de 20 de septiembre de 1989, por la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades locales, al no presentar el detalle de los créditos como mínimo a nivel de concepto. Además los presupuestos generales de los ejercicios 1996 y 1998 formados por el de la propia Entidad y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles EMTASA y CESTASA, fueron tramitados y aprobados una vez comenzado el ejercicio de su vigencia, con un retraso entre siete y ocho meses contraviniendo lo dispuesto en la legislación.
En esta ocasión, el Tribunal recomienda a la Corporación adoptar cuantas medidas sean necesarias para ajustar su actuación a las disposiciones legales, subsanando deficiencias, irregularidades e incumplimientos de normas puestos de manifiesto en el informe del periodo 1995-99.
Así, aconseja establecer normas y sistemas de archivo de la documentación que eviten su pérdida y faciliten su control, así como adoptar las medidas necesarias para la adecuada formación de los expedientes de las actuaciones administrativas con el fin de que contengan todos los documentos comprensivos de los mismos.
Aboga por un sistema de información y registro de la gestión recaudatoria que permita el seguimiento y la elaboración de estados recaudatorios, estableciendo los adecuados procesos de revisión y conciliación, y revisar los acuerdos suscritos con el personal, con la finalidad de que sus cláusulas no vulneren las disposiciones legales de carácter general y prevalentes sobre aquellos.
También plantea elaborar el Inventario de los bienes municipales, cuya valoración debe servir de base para determinar los saldos de las cuentas de inmovilizad y un Plan de Saneamiento de la Entidad, que evite la continua refinanciación de la deuda y permita hacer frente a las deudas con acreedores.
Finalmente, considera necesario establecer un Plan de disposición de fondos al que se acomoden los pagos municipales y proceder al pago de las facturas y certificaciones de obra en los plazos señalados legalmente para evitar el pago de intereses y el consiguiente perjuicio a los fondos públicos.
