Pide establecer un umbral de emisiones de CO2 en el sistema de distintivos ambientales de los vehículos
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización Transport & Environment (T&E) ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a elaborar y aprobar un real decreto que establezca la obligatoriedad de implementar las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023.
La organización ha indicado que, actualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está investigando los incumplimientos de España en la calidad del aire en los núcleos urbanos de Madrid y Barcelona, por no haber tomado las medidas urgentes que se le exigían para atajar los altos niveles de contaminación.
Según ha indicado T&E, el desarrollo normativo es "fundamental" para establecer unos criterios y requisitos mínimos comunes y debe asegurar la eficacia de las ZBE como herramienta crucial en la reducción del dióxido de carbono (CO2).
Este real decreto debe unificar los criterios de tipología de vehículos que pueden acceder a las ZBE, según T&E. En estas zonas solo deberían poder acceder vehículos particulares y comerciales que sean 'cero emisiones' o de bajas emisiones que no superen los 95 gramos CO2/km en ciclo WLTP. Para ello, resulta "necesario incorporar" un umbral de emisiones de CO2 en el sistema de distintivos ambientales de los vehículos.
Además, para lograr que estas zonas definidas sean efectivas en la lucha contra el cambio climático deben tener el tamaño suficiente, de modo que "provoquen un trasvase desde la movilidad contaminante hacia modos más sostenibles".
La organización ha apuntado que, a día de hoy, hay ciudades como Zaragoza que quieren acotar su ZBE solo al casco histórico o Salamanca, que espera que la ZBE sea un área dentro del centro de la ciudad, que en gran parte ya no tiene tráfico.
"Una medida de tanta importancia como es el establecimiento de zonas de bajas emisiones para la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica no puede dejarse en exclusiva a la voluntad arbitraria de la administración local", sentenció el portavoz de T&E España, Carlos Bravo.
