Desde 2020, el Ejecutivo de Fernando López Miras lleva desarrollando de forma pionera distintas medidas para hacer frente a la okupación
MURCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la Región de Murcia ha afirmado que sigue desplegando su estrategia de "tolerancia cero" contra la okupación de viviendas y ha reforzado su lucha contra esta práctica ilegal con un nuevo servicio de asesoramiento para que el afectado conozca las diferentes acciones que pueden adoptar.
En aquellos casos que se considere que la persona se halla en situación de poder acogerse a la posibilidad de asistencia jurídica gratuita, se le explicarán los trámites y se le ofrecerá la posibilidad de orientarle, proveyendo asesoramiento para cumplimentar la documentación necesaria.
Este servicio se realizará a través del teléfono contra la okupación ('968-377000') que se activó el miércoles 1 de junio, con el fin de dar una respuesta más inmediata y reforzar la atención personalizada a las víctimas de la okupación.
"Ante el creciente movimiento de la okupación en la Región de Murcia, el Ejecutivo regional ha dado un paso más en su lucha y acaba de poner en marcha un nuevo canal de comunicación que permita la detección y persecución de la venta o cesión fraudulenta y la ocupación de viviendas, preservando la identidad de los denunciantes", expone el director general de Vivienda, José Francisco Lajara.
Desde 2020, el Ejecutivo de Fernando López Miras lleva desarrollando de forma pionera, distintas medidas para hacer frente a todo aquel que practique o promueva la okupación, con el fin de garantizar una convivencia social pacífica y tranquila a todos los vecinos.
Pretende así disuadir a estas bandas organizadas de que desarrollen su actividad delictiva en la Región de Murcia, como ya ocurre en comunidades vecinas, porque este tipo de conductas ilegales, además de incumplir la ley, crean focos de delincuencia y degradan las ciudades, tal y como ha afirmado el Gobierno regional.
Aunque las competencias en esta materia "dependen del Gobierno central", el Gobierno regional ha afirmado que quiere hacer todo lo posible por atender a estas personas que sufren las consecuencias de la okupación de sus viviendas o de aquellas que se encuentran en sus barrios o localidades.
"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para abordar esta cuestión pero es imprescindible que el Gobierno central deje de ser tibio y actúe contra este fenómeno porque si no lo hace, de poco va a servir todas las acciones que llevemos a cabo en la Región de Murcia", destaca el director.
Ha recordado que, desde noviembre de 2020, el Gobierno regional puso en marcha en un Canal de Denuncias anónimo (alertaokupa@carm.es) para alertar de forma ágil y sencilla de presuntos casos de okupación en la Región que hasta la fecha un total de 196 personas han alertado a la Comunidad de un presunto caso de okupación en su edificio o barrio.
Gracias a este Canal se han puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad que son los competentes en la evaluación de los casos y proceder según la legislación vigente en materia de okupación ilegal.
Este canal se basa en la confidencialidad y en preservar la identidad del denunciante con el fin de que garantizar por encima de todo la seguridad de la persona y evitar que sea objeto de represalias y amenazas. No está dirigido únicamente a propietarios sino también a cualquier ciudadano que tenga sospechas o conocimiento de esta práctica ilegal.
LA REGIÓN DE MURCIA, PIONERA EN LA REGULACIÓN DE LA OKUPACIÓN
El Canal de Denuncias es una de las medidas recogidas en el Decreto-Ley, aprobado por el Ejecutivo regional y que sitúa a la Región como la primera comunidad autónoma de España en contar con una regulación específica para hacer frente a la okupación ilegal de viviendas. El Decreto-Ley original se ha convertido en la 'Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de viviendas en la Región de Murcia', y fue aprobada por la Asamblea Regional el pasado 18 de mayo de 2022.
"Con esta nueva Ley, entre todos mandamos un mensaje claro a las mafias y vamos a luchar para evitar que se generen nuevas organizaciones delictivas que alienten, fomenten o justifiquen a los okupas", ha dicho el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga en el parlamento regional el día de su aprobación.
Asimismo, ha indicado que "esta normativa necesaria ante el auge del grave problema de la okupación desde 2015" y destacó que "la Región de Murcia es pionera en su lucha", ya que ha impulsado numerosas medidas para evitar la proliferación de este fenómeno.
AYUDAS DE EMERGENCIA
Desde el Ejecutivo regional destacan que las políticas de hogar regionales han creado una gran red para dar respuesta inmediata a todas aquellas familias de la región que están en riesgo de perder su hogar o lo han perdido por causas como la ejecución hipotecaria.
Así recuerdan que se han destinado más de 9 millones de euros a las entidades del tercer sector para el pago del alquiler de sus viviendas y gastos de suministros, que han beneficiado a 3.200 familias garantizando su hogar a través de estas subvenciones.
Lajara ha manifestado que, "las familias y personas que se ven envueltas en un desahucio de su vivienda habitual son un colectivo prioritario dentro de estas ayudas que, gracias al trabajo coordinado entre la administración regional, las entidades del tercer sector y de los responsables de servicios sociales municipales se consigue dar una respuesta ágil y eficaz para garantizarles un hogar". Además ha puesto en valor el Servicio de Mediación Hipotecaria que el pasado año atendió a más de 250 familias.
También ha puesto de manifiesto el daño que está haciendo la okupación en el parque de viviendas sociales. "Estamos asistiendo a casos de okupación de viviendas sociales que se producen una vez que estas son reparadas y puestas a disposición de nuevas familias, muchas de ellas tras meses de espera", ha dicho el director.
En este sentido, ha explicado que, "debido a esta okupación, muchas familias ven truncadas sus esperanzas ya que los procesos de desalojo de estos okupas son extremadamente largos y una vez que abandonan la vivienda lo hacen causando el mayor daño posible a la misma, por lo que se vuelve a iniciar este ciclo de espera infinita para muchas familias".
OTRAS MEDIDAS
Además del Canal de Denuncias, el Ejecutivo regional puso en marcha el Protocolo de detección temprana de un presunto delito de okupación ilegal de vivienda; y el Manual de buenas prácticas para evitar la okupación, entre otras medidas, con el fin de "apoyar a las familias, proteger el derecho a la propiedad privada y evitar la degradación de nuestros barrios".
Asimismo constituyó la 'Mesa contra la Okupación' para poner en marcha medidas para luchar contra la usurpación y allanamientos de viviendas y combatir la expansión de este fenómeno ilegal en la Región de Murcia.
Este órgano acordó proponer al Gobierno central reforzar el derecho de propiedad de todas las viviendas, sean primera o segunda residencia, para dar seguridad a sus propietarios frente a la okupación.
También solicitó el reconocimiento de las comunidades de vecinos como actores que puedan pedir el desalojo de okupas que actúen de forma incívica en la comunidad "puesto que son los principales afectados". Estos son dos de los planteamientos de la Mesa se elevaron al Gobierno central para que se recogiera en la reforma de la ley de vivienda que en ese momento preparaba el Estado, y de la que no obtuvo respuesta alguna.
"Los datos muestran --sin ningún espacio para la duda-- que la okupación es un problema que se está produciendo, y cuya tendencia es creciente. Así que sería injustificable no actuar, o no hacerlo con determinación", ha manifestado el director que ha vuelto a reivindicar que el Gobierno central se tome en serio esta cuestión.
