MURCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Este martes, a partir de las 10.00 horas, en la Sala 3 de la Audiencia Provincial de Murcia, comienza el juicio para el acusado de explotar laboralmente y prostituir a una mujer de nacionalidad colombiana, tras engañarla y hacerle creer que iba a ser contratada de camarera en un club.
Para el acusado, que ahora tiene 33 años, la Fiscalía pide 10 años de prisión por un delito de trata de seres humanos y prostitución, así como la pena de 18 meses de multa a razón de 6 euros al día. Por otro lado, le acusa de un delito leve de lesiones, por el que le pide la pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros.
En febrero de 2020, el acusado, F.M.J, engañó a la víctima, C.M.V.V, para que abandonara la ciudad de Roma (Italia), en la que no se había adaptado, y se desplazara a Blanca (Murcia), para contratarla, según el acusado, de camarera en su establecimiento.
La víctima llegó a Madrid en un vuelo y se trasladó de allí a Alicante, en donde el acusado la recogió y la trasladó a un club situado en Blanca, en los aledaños de la carretera N-344. Al llegar allí, y con la excusa de realizar unas comprobaciones sobre su identidad, el acusado le solicitó su documentación, facilitándole ella, entre otros, su pasaporte.
Poco después, el acusado, que no devolvió el pasaporte a C.M.V.V, le dijo que, para poder ser camarera, primero tendría que pasar un periodo de prueba en el que ella tendría que ejercer la prostitución en el propio establecimiento. Le advirtió también de que, de no hacerlo, le enviaría a unos gitanos para matarla.
Las condiciones en las que la víctima ejercía la prostitución consistían en que el establecimiento estaría abierto al público las 24 horas del día, de manera que en cualquier momento tendría que estar a disposición de los clientes. Teóricamente, C.M.V.V. cobraría 70 euros por cada 'servicio', así como 10 euros por cada copa a la que era invitada por los clientes. Sin embargo, jamás recibió del acusado dinero alguno, quedándose él con la totalidad de las cantidades que, según ese pacto, le habrían correspondido. Sólo consiguió algo de dinero mediante 'propinas' que expresamente solicitaba a los clientes.
Esta situación se mantuvo incluso durante el confinamiento derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, pues incluso en esa situación, el establecimiento permitía la entrada clandestina de clientes por la puerta trasera del local.
Cuando el 25 de mayo de 2020 el acusado anunció que el local abriría con normalidad, una vez acabado el confinamiento, la víctima se negó a ejercer la prostitución, manifestando que no se encontraba en buenas condiciones. Enterado de ello, el acusado acudió a la habitación donde ella pernoctaba, iniciándose una discusión entre ambos en la que el acusado le refirió que tenía que "trabajar" esa noche estuviera o no en condiciones para ello.
Ante las insistentes negativas de la víctima, el acusado, movido por un ánimo de menoscabar la integridad física ajena, la golpeó con un puñetazo en la cabeza y otro en el estómago, tirándola al suelo. Ella, por su parte, para defenderse, arañó al acusado en la cara, a la altura de la boca, y en los brazos, ante lo que el acusado, la cogió del brazo y le dijo "ahora te vas", arrastrándola por todo el local y echándola a la calle con sus enseres personales, advirtiéndole de que, si lo denunciaba, llamaría a unos gitanos para ajustar cuentas.
La agresión le ocasionó a la víctima lesiones consistentes en edema en muñeca, dolor en la muñeca, región mastoidea y cadera y muslo izquierdos. Requirió objetivamente para su sanación de una primera asistencia facultativa, tardando en curar tres días, todos ellos de perjuicio básico.
