El abogado de Puigdemont dice que el juicio por los gastos del 1-O es "un dislate": "La prueba ha quedado en evidencia"

Archivo - El abogado del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a su llegada al Tribunal Supremo, a 8 de junio de 2023, en Madrid (España).
Archivo - El abogado del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a su llegada al Tribunal Supremo, a 8 de junio de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Publicado: viernes, 17 noviembre 2023 13:43

Asegura que el expresident no ha acudido porque "estaba de viaje" de trabajo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, ha calificado este viernes de "dislate" la vista del Tribunal de Cuentas (TCu) por la presunta responsabilidad contable del expresidente catalán huido y otros 34 excargos de Cataluña por el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern.

"La prueba ha quedado en evidencia. La interventora general del Estado no tenía control sobre las cuentas, simplemente pagaban desde Madrid y no desde Cataluña", ha espetado Boye en declaraciones a los medios tras concluir el juicio, del que ha reconocido que no espera "nada" en tanto que es un "proceso bastante extraño y 'sui generis'" en el que se está "vulnerando el derecho de los afectados".

El letrado, que ha excusado la ausencia de Puigdemont alegando que "estaba de viaje" de trabajo con el Parlamento Europeo, ha asegurado que el expresidente catalán nunca ha tenido problema en acudir a los llamamientos judiciales. Preguntado sobre cuándo se producirá su regreso a España, ha indicado que no le ha "preguntado cuándo va a venir". "Supongo que tiene pensado el momento, veremos cuándo se produce", ha añadido.

El abogado ha sido cuestionado acerca de la celebración de esta vista cuando está sobre la mesa la proposición de ley de amnistía, que todavía debe pasar su tramitación parlamentaria hasta entrar en vigor. Boye ha señalado que ha guardado "silencio porque la persona que dirige" el juicio "en un momento planteó respecto a la videoconferencia que se negaba" a su celebración "porque había una recomendación en un proyecto de ley". "Las leyes son leyes cuando aparecen en el BOE y a partir de ahí se deben aplicar, antes no", ha añadido.

Boye también ha sido preguntado sobre si considera que este juicio es un caso de 'lawfare'. "Lo que considero es que nos hemos gastado una cantidad ingente de dinero público en una cosa que no tiene sustento. Un día habría que mirarlo", ha opinado.

En esta línea, el letrado ha zanjado señalando que "no tiene sentido que hablen de derivación contable de una partida importante que ni el propio reclamado" exige. "La Generalitat no lo ha reclamado. Estamos aquí porque alguien ha querido que estemos aquí", ha apostillado.

HOMS, "SATISFECHO" CON LA VISTA

A la salida de la vista, Francesc Homs, letrado de varios excargos del Govern encausados en el TCU, se ha mostrado "satisfecho" con la sesión de este viernes, aunque ha recalcado las "contradicciones de las acusaciones". Asimismo, ha afeado a las acusaciones por no haber hecho preguntas en los interrogatorios. "No sé si es porque tienen la batalla perdida", ha dicho.

Preguntado sobre si confía en que se suspenderá el procedimiento, como pidieron los encausados de ERC en virtud de la proposición de ley de amnistía, Homs ha asegurado que "los elementos están a la vista de todo el mundo". "A la gente le cuesta entender que se persista en algo que no va a fructificar", ha añadido.

SCC SEÑALA LA "INJERENCIA" DEL GOBIERNO

Por su parte, el abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC), Juan Chapapría, se ha congratulado de que se haya llevado a cabo la vista a pesar de "la injerencia del Ejecutivo para que no se celebrara".

Ha puesto el foco en que la defensa de Puigdemont haya tratado de que se suspendiera por la ausencia de su patrocinado, y ha indicado que la postura del TCu al respecto deja claro que "sigue habiendo separación de poderes y que la justicia sigue siendo independiente mal que les pese a algunos".

Al hilo, ha explicado que si Puigdemont hubiera querido prestar declaración lo podría haber hecho en territorio nacional "ateniéndose a las consecuencias porque hay orden de detención contra él" --la del instructor del Supremo--.

Y en cuanto a la posibilidad de que hubiera declarado por videoconferencia, ha recordado que su defensa tuvo tiempo suficiente para pedirlo en la audiencia previa que se celebró hace un año.

Por último, Chapapría ha comentado a los medios que desde su punto de vista "los hechos están claros" por lo que "si la justicia prevalece habrá sentencia que condene a todos los demandados".

Y ha advertido de que la ley de amnistía sigue estando en trámite por lo que hasta que no entre en vigor "no se puede aplicar a procedimientos en curso". Por eso, a pesar de que la consejera ha señalado que valorará como incide la misma en la causa, "no hay dudas del criterio del tribunal".

En este sentido, la presidenta de SCC, Elda Mata ha apuntado que el procedimiento continúa a pesar de que "a muchos les gustaría que por el hecho de registrar en el Congreso una ley de amnistía todo quedara en suspenso y que por tanto hubiera impunidad total para las personas que atentaron contra el estado de derecho en 2017".

"Lucharemos para que España siga siendo un estado de derecho y una democracia plena, no está nada decidido, vamos a luchar con todos nuestros medios para que prevalezca (...) la igualdad entre todos los españoles", ha concluido.

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