MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este jueves dejar en libertad, con las medidas cautelares de comparecencias mensuales en los juzgados y fijación de domicilio, a Jamal Satli Iglesias, el presidente de la cadena hotelera Bluebay Hotels que fue detenido en Málaga en cumplimiento de una orden internacional de detención emitida por Emiratos Árabes por un presunto delito de estafa.
Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas, que apuntan además que el magistrado ha interesado la puesta en libertad dado que el Ministerio Público no ha solicitado medidas privativas de libertad. El empresario, cuya empresa hotelera tiene parte de la propiedad del Málaga CF, sí ha debido facilitar al Juzgado Central de Instrucción número 5 un número de contacto.
No obstante, el magistrado ha permitido que Satli Iglesias conserve el pasaporte. Esto es así porque el empresario hotelero viaja mucho por su trabajo y no puede prescindir de él, y porque desde la Audiencia Nacional han valorado que esta circunstancia no compromete su localización para el procedimiento de extradición que se sigue sobre su persona.
LAS OTRAS CAUSAS DE SATLI
El nombre de Satli no es la primera vez que aparece vinculado a posibles problemas con la justicia, de hecho, en el mes marzo declaró en Málaga el juicio por el conocido como caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona, en el que él consta como acusado.
En su declaración ante ese tribunal, señaló que esa causa --cuya instrucción se alargó por años-- le había generado "unos daños y perjuicios tremendos" a sus intereses económicos.
Antes, en 2017, el Tribunal Supremo (TS) confirmó la sentencia absolutoria del presidente de BlueBay Hotels por la compra de hoteles a Marsans. La empresa Al Andalus Management Hotel compró en agosto de 2010 a Posibilitum, empresa que adquirió el ya desaparecido Grupo Marsans, la marca BlueBay, una de sus tres marcas hoteleras.
En su sentencia el TS desestimaba los recursos de casación impuestos por Meliá Hotels International, Pullmantur y AC Hoteles contra una sentencia anterior de la Audiencia Nacional (AN), dictada en 2016, que quedaba así validada.
