El juez Pedraz le tomará declaración como investigado este martes
MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz tomará declaración este martes en calidad de investigado a un sargento de la Guardia Civil después de que la defensa de un imputado en un caso de narcotráfico, en el que el agente trabajó, haya aportado una grabación de audio en la que reconocería de forma "explícita y directa" que se usaron balizas de seguimiento sin autorización legal y que se presentaron informes sobre vigilancias que nunca se produjeron.
Tal y como adelantó el medio 'Economist & Jurist', y ha podido confirmar Europa Press, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 apunta que tras escuchar la testifical de la persona que grabó al agente, una amiga íntima de éste, ve necesaria la declaración en calidad de investigado del sargento Sergio Bravo perteneciente al Grupo de Delitos Económicos.
La providencia del juez es del 25 de julio, y ya entonces señalaba que se le debía dar acceso a la defensa del sargento no solo a la causa abierta en la AN contra los investigados por su grupo, sino también al escrito de una de las defensas, que fue la que aportó las grabaciones al agente en el seno de la pieza separada por blanqueo y que data del 20 de junio.
De hecho, en la transcripción que la defensa hace de una de esas conversaciones, el agente señala en un momento dado a su amiga que la baliza que ha colocado "es ilegal". "Yo soy el más ilegal de los ilegales", reconoce para luego apuntar que, incluso, llegaron a grabar interrogatorios a detenidos en los traslados en el propio coche policial.
LA INVESTIGACIÓN DEL 8-M
El escrito de la defensa denuncia además que determinadas vigilancias sobre los investigados no se efectuaron, y lo acreditan señalando que mientras las actas ubican a los agentes de ese grupo al que pertenecía el sargento en seguimientos de este caso, "en realidad se encontraban en su unidad realizando gestiones relacionadas con el (caso) 8-M". Y lo acredita aportando metadatos de correos electrónicos y de impresoras utilizadas, así como citaciones para testigos firmadas por agentes de esa unidad.
Así, tanto este agente como su grupo, habrían participado en la investigación abierta en 2020 por el entonces jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, que posteriormente fue cesado por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, por pérdida de confianza.
En esa causa, que acabó siendo archivada, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, admitió una denuncia contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma por la Covid-19, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.
En el escrito de la defensa que ha servido para que Pedraz decida investigar al agente, se apunta que, dado que hubo balizas ilegales y vigilancias inventadas, "los indicios de criminalidad que han justificado la detención de algunos de los investigados así como la adopción de medidas cautelares reales y personales, la continuación del procedimiento y su propia existencia son sustancialmente falsos".
LAS CONVERSACIONES DEL AGENTE: EL ORIGEN
La defensa explica que el origen de los audios captados al sargento se encuentra en las grabaciones de la mujer con la que mantuvo una relación sentimental de meses y que, "casualidad inesperada", resultó ser amiga también de uno de los investigados en la AN. Dado que vio que las ilegalidades que le contaba el sargento afectaban a su amigo, y puesto que le había grabado y guardaba conversaciones de Wahtasapp, lo puso en conocimiento de este último y le manifestó que estaba dispuesta a colaborar en la investigación.
La defensa, que envió los audios a Pedraz, considera que la causa que se pudiera seguir contra el suboficial de la Guardia Civil no se debería ventilar en la Audiencia Nacional, pero añade que dado que esos informes "falsos" elaborados por los agentes surten efecto en la causa que se sigue en la AN, "la aportación de la prueba de su mendicidad y de las prácticas ilegales (...) resulta un elemento indispensable para la toma de decisiones judiciales" en el procedimiento.
Recuerda además que, incluso antes de que en esa grabación el agente confirmara la existencia de balizas ilegales en vehículos, ya fueron detectadas por "múltiples investigados" y llegó a ser objeto de una querella.
Y añade que en atestados incluidos en la causa existen "graves incoherencias" tales como afirmar en un acta de vigilancia que una persona era titular de un vehículo cuando no lo fue hasta meses después. "Claramente pone de manifiesto que la vigilancia no se realizó y que su falsa acta se redactó --con suma torpeza-- a posteriori", explica.
LA GRABACIÓN EN EL COCHE
En una conversación de la mujer con el sargento de 21 de abril de 2023, aportada a la causa, éste explica que a uno de los investigados le "metieron un micro" en el coche tras ser detenido para ir "rascando" por lo que pudiera contar.
"Y el tío diciendo que bueno, que mi jefe va a por ellos, que no sabe por qué. A por su hermana, que no sabe por qué. Que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos... Cosas que son verdad. Que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! ¡Les hemos hecho de todo! Pero es que si no a esta gente cómo les pillas", recoge la grabación transcrita por la defensa.
En otro momento de la grabación, el agente revela que su superior le ha dicho que uno de los investigados está en un gimnasio de Moncloa y le ordena que se acerque a comprobarlo. Pero el sargento pasa el asunto a otros compañeros señalando que él está "deslocalizado", aunque según señala el escrito apoyado en la testigo, "lo cierto es que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con su amiga íntima con la que esa noche dormiría en un hotel".
EL CASO CUARTELES Y OTRAS OPERACIONES
En la grabación presentada ante Pedraz, el sargento investigado revelaba información a su compañera sentimental de otras operaciones en las que participaba, como la 'Operación Pantano' --hace referencia a la detención del dueño de una bodega y un castillo en San Martín de Valdeiglesias--; o la 'Operación Rent Scam' --donde se investigaba una estafa de alquileres vacacionales--.
Aprovechando estas conversaciones, el sargento atacaba la labor de su superior jerárquico, el capitán Abel Martín, al que acusaba de detener a gente sólo "por motivos estadísticos". "Lo que ha hecho es una auténtica vergüenza", decía, para a continuación relatar que detuvo a una "pobre negra que no ha hecho nada". "Mi jefe es buen chaval, es muy buen chaval, ¡pero solo quiere que suene!", señalaba.
El caso 'Cuarteles' también sale a relucir en las conversaciones, y de hecho el sargento señala que estuvo destinado en la jefatura de gestión económica donde, asegura, se producían actos de corrupción de forma generalizada.
"La historia se ha hecho un tema de cuarteles, vale pillábamos pasta, se ha hecho así toda la vida, (...) es un sitio que no se trabaja en la calle, operativamente cero, y se dedica a pagar las obras en cuarteles, gente por dietas, a pagar de todo lo que haya", recuerda con su pareja a la que confiesa que decidió irse de esa jefatura porque no le gustó "el percal".
A todo esto, la defensa suma que las actas de vigilancia de mayo a septiembre de 2020 son ilustradas por los agentes con imágenes obtenidas incluso de Google Maps. Sostienen los imputados que durante los primeros 4 meses no se les investigó y por tanto las actas son falsas.
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