BRUSELAS, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha enviado este jueves un ultimátum a España para que en el plazo de dos meses traslade a su legislación las normas europeas para reconocer y ejecutar la orden europea de investigación en materia penal, o de lo contrario elevará el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La directiva sobre investigación penal se basa en el reconocimiento mutuo, exige a los Estados miembros que reconozcan y ejecuten la solicitud de pruebas presentadas por otro país de la UE de la misma manera y bajo las mismas condiciones que si la orden procediera de autoridades nacionales.
El objetivo de esta cooperación europea es reforzar la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, de manera que la colaboración entre los Estados miembros sea "más rápida y eficaz".
El plazo dado a los Estados miembros para trasladar estas normas a su legislación expiró en mayo de 2017, pero España, Austria, Bulgaria y Luxemburgo no lo han hecho aún.
Por ello Bruselas inició un expediente sancionador contra estos países en julio del pasado año y, ante la falta de avances, ha decidido dar un paso más en el procedimiento de infracción.
El ultimátum tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento, para que en el plazo de dos meses el Gobierno de Mariano Rajoy y el resto de países implicados resuelvan las dudas expresadas por la Comisión Europea. En caso contrario, el Ejecutivo comunitario podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
