Constata que la trama Gürtel se dedicaba al blanqueo "puro y duro" y pone en evidencia el riesgo de fuga de los cabecillas de la red
MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera, ha manifestado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que el juez Baltasar Garzón les comunicó que el derecho de defensa "debía prevalecer sobre cualquier cosa" cuando intervinieron las conversaciones en prisión de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.
El agente ha comparecido como testigo de la defensa durante la segunda jornada del juicio que se celebra contra Garzón en el Tribunal Supremo por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado dichas intervenciones, unos hechos por los que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 17 años.
Olivera, que asumió la dirección de esta Unidad Antifraude desde su creación, ha rememorado que los investigadores detectaron desde el primer momento que los integrantes de la red delictiva se dedicaban indiciariamente al "blanqueo puro y duro". Ha añadido que las actuaciones delictivas de la trama continuaron tras la detención de su líder Francisco Correa y el testaferro Antoine Sánchez.
Cuando Crespo y Correa nombraron a sus abogados defensores, los agentes advirtieron al juez sobre la posible imputación de algunos de estos letrados -más tardes se les retiraría la imputación--. "El juez nos dijo que el derecho de defensa debía prevalecer sobre cualquier otra cosa", ha recordado.
INTENCIÓN DE HUIR AL EXTRANJERO
A preguntas de la defensa de Garzón, ejercida por el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, ha señalado que la organización tenía el "ánimo de proteger su patrimonio" tanto en el territorio nacional como en el exterior e incluso inició gestiones con despachos de abogados para que Correa obtuviera la nacionalidad en Argentina o Panamá.
Ante la "actividad frenética" y "las medidas de seguridad" que llevaban a cabo los miembros de la Gürtel, ha señalado que advirtió al juez instructor del riesgo de fuga existente. De este modo, ha justificado la "necesidad" de que la grabación de las comunicaciones fuera prorrogada, tal y como ocurrió el 20 de marzo de 2009.
Tanto el comisario jefe como un funcionario de su unidad han explicado ante el tribunal que Instituciones Penitenciarias dispuso de su propio sistema de escuchas --denominado Marathon-- para interceptar las conversaciones en el centro penitenciario de Soto del Real, a las que tenían acceso sólo los miembros de la Policía Judicial que participaban en las investigaciones.
ACLARACIÓN DE GALLIZO
El agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que actuó como "correa de transmisión" entre el juzgado de Garzón y la cárcel de Soto del Real ha añadido que los funcionarios de prisiones interceptaban las comunicaciones y ofrecían su contenido en Cds a los miembros de la Policía Judicial, que acudían "dos o tres" días a la semana al centro.
Este testigo ha indicado que la entonces secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se puso en contacto con la autoridad judicial para aclarar si las "observaciones personales" de los letrados con sus clientes debían ser grabadas o no.
El abogado defensor de Garzón le ha inquirido si el auto del juez disponía "expresamente" sobre la prevención de que las comunicaciones no fueran escuchadas por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. "Efectivamente, lo hacía constar", ha reconocido el testigo.
En esta causa se investiga si el juez suspendido de la Audiencia Nacional prevaricó al dictar en febrero y marzo de 2009 los dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones de la trama de corrupción que salpicó a cargos del PP.
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero piden la absolución, mientras que Ignacio Peláez pide que sea inhabilitado durante 10 años, y los imputados en el caso 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo solicitan que dicha inhabilitación se prolongue entre los 15 y los 17 años.
El magistrado, conocido universalmente por su lucha contra ETA, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad, tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias.
Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
