Un funcionario de Garzón explica cómo se preparó la orden de intervención de las comunicaciones
MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Vicente Maroto, funcionario del Juzgado de Instrucción número 5 y encargado casi en exclusiva de la tramitación del "caso Gürtel" durante los meses en el que fue competencia de Baltasar Garzón, ha recordado este miércoles en el Tribunal Supremo las horas previas al dictado del auto por el que se intervinieron las conversaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en prisión. "Baltasar, Baltasar, hay que hacer algo", dijo al juez la fiscal Anticorrupción Myriam Segura, según este testigo.
El funcionario ha sido el quinto y último testigo en comparecer ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzga a Garzón por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por ordenar las escuchas, lo que le puede suponer una pena de inhabilitación de hasta 17 años.
A lo largo de su declaración, que ha prestado en un tono muy coloquial, el funcionario ha explicado que trabajaba prácticametne en exclusiva para el asunto de la "Gürtel" porque "no tenía tiempo para nada más". De hecho, ha descrito su tarea como "estresante" debido al celo y dedicación "exhaustiva" de Garzón a su trabajo, así como a su "endiablada letra".
Sobre el auto de intervención, dictado el 19 de enero, ha explicado que tuvo su origen en lo ocurrido en el juzgado la tarde anterior, tras la declaración de una "mujer" que no ha identificado, implicada en la trama y que era la segunda vez que comparecía.
Según Maroto, la fiscal Myriam Segura, que suele ser una mujer muy tranquila, se encontraba nerviosa y se movía mucho por el despacho del juez, lo que a él le llamó mucho la atención. "Recuerdo que le decía al juez 'Baltasar, Baltasar, hay que hacer algo y tomar una decisión', en relación con las visitas que los imputados recibían en la cárcel", y y la necesidad de evitar que se organizara el blanqueo desde la cárcel, ha explicado.
Anteriormente, el ya había escuchado de boca de uno de los inspectores que investigaba la trama, en alusión a los imputados, que "esa gente estaba moviendo el dinero desde la cárcel".
Dijo recordarlo todo porque él tenía que irse esos días de vacaciones y ya tenía comprado un billete a Tenerife, aunque la secretaria del juzgado lo había olvidado. "Tuve una discusión como nunca, me enfadé muchísimo y por eso me acuerdo", ha manifestado ante la Sala.
Según Maroto, tras hablar con la fiscal, Garzón le pidió que comenzará a preparar el auto, y en ese momento él le dijo que "no podía más", que únicamente tenía "dos manos". Finalmente, Maroto se fue de vacaciones y otra persona se encargó de la preparación y tramitación del auto de intervención.
También ha recordado este trabajador el día en el que se prorrogaron las intervenciones, porque le llamaron de la prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encontraban los tres cabecillas internados, para preguntarle por este particular. Una vez se lo comentó al juez, éste le dijo que había que informar a las fiscales y él contestó a la cárcel que les contestaría "cuando hubiera resolución firmada de su señoría".
EL EXPURGO SE LO DICTO LA FISCAL
Según este funcionario, "Garzón y las fiscales estaban muy obsesionados con el dereho de defensa" y por esta razón se aprobó el expurgo de aquellos fragmentos de las intervenciones que pudieran afectar a este derecho. Él se encargó de quitar de las transcripciones los párrafos que le iba indicaba la fiscal Segura, según ha explicado Maroto al tribunal.
En esta causa se investiga si el magistrado prevaricó al dictar en febrero y marzo de 2009 los dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones de la trama de corrupción que salpicó a cargos del PP.
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero piden la absolución, mientras que Ignacio Peláez pide que sea inhabilitado durante 10 años, y los imputados en el caso 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo solicitan que dicha inhabilitación se prolongue entre los 15 y los 17 años.
El magistrado, conocido universalmente por su lucha contra ETA, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad, tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias. Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
El tribunal que juzga los hechos se encuentra formado por los magistrados Joaquín Giménez, Luciano Varela, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo y Miguel Colmenero, quien será el ponente de la sentencia sobre las escuchas de la Gürtel.
