Abre la puerta a crear Fiscalías Provinciales de seguridad vial y siniestralidad laboral
MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó hoy la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobada el pasado 7 de diciembre por el Consejo de Ministros, con el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios, excepto el PP. Al tener competencia legislativa, el texto modificado se remite al Senado, donde será de nuevo debatido para su aprobación definitiva.
En la sesión de hoy se introdujeron algunas modificaciones al proyecto de reforma del Estatuto Fiscal, entre las que destaca la propuesta de IU-ICV y CiU acerca de la posibilidad de que en las Fiscalía Provinciales se creen secciones específicas de seguridad vial y siniestralidad laboral, cuando el volumen de actuaciones en estos casos así lo requieran.
Otra de las medidas introducidas al texto, a propuesta de CiU y ERC, se refiere a que cuando los Estatutos de Autonomía prevean la existencia del Consejo Fiscal de la Comunidad Autónoma, éste será oído necesariamente con carácter previo al nombramiento del fiscal superior de la comunidad.
En la Comisión Constitucional se modificó una de las enmiendas del PSOE que ya fue incorporada sobre la capacidad de los fiscales superiores autonómicos de elaborar una memoria de actividades sobre su territorio, que se elevará a la Fiscalía General del Estado, así como al Consejo de Justicia Autonómico y al Parlamento Autonómico. La modificación se concreta en que la memoria se presentará lo contemple o no el Estatuto de Autonomía.
PARTIDA PRESUPUESTARIA PROPIA.
La mayoría de los Grupos Parlamentarios, salvo el PP y con reticencias de IU-ICV, valoraron "positivamente" la inclusión en el texto de la propuesta del PSOE para destinar una partida presupuestaria propia del Ministerio de Justicia para la Fiscalía General del Estado, que será gestionada por la Unidad de Apoyo del fiscal general.
También se mostraron a favor de que el proyecto de reforma defina al Ministerio Fiscal como "un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órgano propios, conforme a los principios de la unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad".
Esta previsión implica que se dotará al fiscal de la imprescindible capacidad de acción en su relación con otras instituciones, lo que le permitirá contar con la suficiente entidad para, por ejemplo, firmar convenios con instituciones y comunidades autónomas.
TRÁMITE "CAÓTICO Y ATROPELLADO".
Al igual que en el debate de totalidad, el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, volvió a expresar su rechazo al proyecto por los "mismos motivos" que ya expuso en el Pleno de la Cámara Baja, pero "multiplicados". "Dije entonces que estábamos ante un fraude, ante una fachada y ante pura propaganda porque este proyecto de ley no acomete ni resuelve los problemas fundamentales del Ministerio Fiscal", aseveró.
Según Astarloa, "el texto no profundiza en la autonomía de la institución, ninguno de los compromisos del programa electoral del PSOE sobre esta cuestión están en el texto legislativo y no se han limitado las instrucciones al fiscal general del Estado". "Estamos ante una pura fachada en todo lo que se refiere al nombramiento y tampoco se prohíbe el que el fiscal general entré a entender sobre las causas sobre aforados", apostilló.
El diputado subrayó que el proyecto "se mueve entre una gran paradoja". Por un lado, según apuntó, pretende la reordenación estructural para reforzar al fiscal general y, por otro, aspira al desmembramiento territorial, consagrando la figura de los fiscales superiores de las Comunidades Autónomas, lo que supone "la ruptura de la Fiscalía en 17 políticas autonómicas".
Como en otras ocasiones, atribuyó la "caótica y atropellada" tramitación del proyecto en la Cámara al "efecto Bermejo", en alusión al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y añadió que "se trata de un Estatuto pactado por el PSOE con sus socios nacionalistas", al margen de los populares.
Criticó, igualmente, que la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal consagre la figura de los fiscales superiores de las comunidades, otorgándoles amplias competencias, así como que se establezca como requisito el conocimiento de una lengua cooficial para acceder a un aplaza de fiscal en una determinada Comunidad Autónoma.
RESPALDO DE LOS GRUPOS.
Por su parte, el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Pedro Muñoz, celebró durante su intervención que el texto haya contado con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, a pesar de la oposición del PP.
El diputado criticó el discurso de Astarloa por ser similar al que ya pronunció en el debate de totalidad y le acusó de "cinismo político", en referencia a la falta de consenso alegada por el diputado popular a lo largo de la tramitación del proyecto. Por ello, le quiso recordar que se han introducido varias enmiendas del PP al texto.
A su juicio, el proyecto que será remitido al Senado "avanza en el marco legislativo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos e implementa medios a la paupérrima Administración de Justicia que dejó el PP cuando estuvo en el Gobierno".
AMPLIAR EL MANDATO DEL FISCAL.
Los grupos parlamentarios de IU-ICV, CiU y PNV defendieron la idea de ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado, con el objeto de evitar que coincida con las legislaturas, sentido en el que informó el Consejo Fiscal cuando estudió la reforma y que estaba incluido en el programa electoral del PSOE de las elecciones generales. Sin embargo, la propuesta no salió adelante.
Asimismo, los grupos nacionalistas celebraron la adaptación del Estatuto Fiscal al Estado de las autonomías, aunque confiaron en que durante el debate en el Senado se otorgue mayor capacidad de actuación tanto a los fiscales superiores de las comunidades como al Consejo Fiscal Autonómico.
Los portavoces de IU-ICV, Isaura Navarro, y de CiU, Jordi Jané, aplaudieron los acuerdos logrados respecto a que las Fiscalías cuenten con secciones de seguridad vial y siniestralidad. Según indicaron, se trata de reducir el aumento de casos registrados en estos ámbitos que afectan a la seguridad ciudadana.
Tanto el portavoz de ERC, Agustí Cerdà, y Jané se lamentaron de que no se haya incluido en el texto una propuesta de sus grupos sobre la presencia de al menos tres fiscales superiores de las comunidades en el Consejo Fiscal.
Por último, la diputada del PNV Margarita Uría ratificó el apoyo de su grupo a la reforma, si bien expresó "el absoluto desánimo" al haberse rechazado la mayoría de sus enmiendas, encaminadas a adecuar el Ministerio Fiscal a la nueva realidad autonómica.
Andalucía
