El Gobierno sí dará una respuesta porque está "convencido de la constitucionalidad" de la norma
MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados no tiene intención de presentar alegaciones ante el Tribunal Constitucional en relación al recurso contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ni a la petición del PP de suspender la ley hasta que se produzca el fallo, ni al propio contenido de la impugnación, según informaron a Europa Press fuentes de la Mesa del Congreso.
El Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite este miércoles los recursos del PP y del Gobierno de Navarra contra la ley, ha dado un plazo de tres días al Congreso, al Senado y al Gobierno para que remitan las alegaciones que tengan que formular sobre la posibilidad de suspender cautelarmente la entrada en vigor de la norma, prevista para el lunes 5 de julio. Asimismo, les ha ofrecido quince días para alegar sobre la admisión a trámite de los citados recursos.
Según señalaron las mismas fuentes, la Mesa del Congreso seguirá el procedimiento habitual en este tipo de situaciones: La Cámara se dará por enterada y enviará al TC una respuesta estándar, generada automáticamente, y en la que se explica que no ha lugar a apelaciones por su parte.
En cualquier caso, han aclarado que el Congreso no entra en el contenido del recurso, sino que se limita a analizar si hay o no errores formales en la tramitación. Lo máximo que pueden hacer, según reconocen, es remitir al Alto Tribunal los distintos debates celebrados en el Congreso sobre aborto, por si fuera de interés para sus deliberaciones.
No obstante, el Gobierno sí presentará alegaciones y lo hará mediante la Abogacía del Estado, responsable de este tipo de cuestiones, ya que según informaron fuentes oficiales a Europa Press, el Ejecutivo está "convencido de la constitucionalidad de la ley" y así lo defenderá frente al Alto Tribunal.
La norma, que entrará en vigor el día 5 de julio, estará por tanto vigente cuando termine el plazo de alegaciones para la suspensión cautelar, un total de tres días hábiles a partir del momento de la notificación.
