PSOE y PP se muestran reticentes e incluso han recordado que Díez optará a indemnizaciones como ex consejera vasca y eurodiputada
MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Las Mesas del Congreso y el Senado tienen previsto estudiar en junio la propuesta que el pasado mes de abril realizó formalmente la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, para que se suprima el sistema de complementos de pensión que las Cámaras facilitan a los parlamentarios con un mínimo de siete años de mandato, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.
Díez remitió su iniciativa a las Mesas del Congreso y el Senado meses antes de que el Gobierno anunciara la bajada de sueldo para los funcionarios y la congelación de las pensiones, dos de las medidas incluidas en el decreto ley antidéficit convalidado la semana pasada por la Cámara Baja.
La portavoz nacional de UPyD considera que la bajada de sueldo de los parlamentarios, en concordancia con el recorte que sufrirán las retribuciones de los funcionarios, debería ir acompañada de la eliminación del sistema de pensiones del que disfrutan los diputados y senadores, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de los pensionistas van a ver congelada su pensión el año que viene.
El recorte de los sueldos de los parlamentarios fue aprobado el jueves por las Mesas del Congreso y del Senado, pero en esa cita conjunta no se estudió la carta de Rosa Díez, que quedó pendiente para la próxima reunión ordinaria, prevista para junio.
Aunque todavía no se ha estudiado la propuesta en los órganos competentes, socialistas y 'populares' ya se han mostrado reticentes a la pretensión de Rosa Díez, llegado incluso a echarle en cara las indemnizaciones que, en el futuro, le corresponderían como ex consejera del Gobierno vasco y como ex eurodiputada.
DERECHOS INALCANZABLES PARA EL RESTO DE TRABAJADORES
En la carta que remitió a las Mesas de Congreso y Senado, Díez argumentaba que, en un momento de "profunda y larga crisis económica" y de "creciente descrédito de la actividad política", es urgente "tomar medidas decididas e inequívocas que restablezcan el principio de igualdad", como suprimir ese complemento para acceder a la pensión máxima, que otorga a los parlamentarios "derechos inalcanzables al común a los trabajadores".
Díez sostiene que, mientras un parlamentario español puede ver complementada su pensión de jubilación o incapacidad, con cargo a las Cortes Generales, hasta una cuantía equivalente la pensión máxima o cercana a ella sólo con haber sido parlamentario durante más de 7 años, un trabajador corriente, sin complementos, necesita 35 años de trabajo y haber cotizado por una base muy alta durante los últimos 15 años de su vida laboral para percibir la pensión máxima de jubilación.
Además, señala que "un parlamentario español puede jubilarse a partir de los 60 años, si reúne los requisitos para la jubilación anticipada y cotizó 40 años, con la garantía de cobrar una cuantía equivalente a la pensión máxima, gracias al complemento que le pagan las Cortes", pero el resto de trabajadores está sometido a reducciones por cada año que adelante la jubilación.
PREJUBILACIÓN CON 55 AÑOS
Es más, reseña que los parlamentarios tienen incluso la posibilidad de prejubilarse con 55 años con derecho a cobrar un 60% de la asignación constitucional (en la actualidad 3.125,52 euros) y manteniendo el alta en la Seguridad Social hasta la edad de jubilación.
También se refiere en su carta a la indemnización por cese que reciben los parlamentarios (un mes de salario por cada año como Diputado o Senador hasta un máximo de 24 meses) y aboga por permitirles percibir la prestación de desempleo con los requisitos y cuantías reconocidas a cualquier trabajador en la legislación laboral común.
Por último, se refiere al plan de previsión social para parlamentarios con el 10% de la asignación constitucional, "una cuantía muy elevada comparada, por ejemplo, con la que aporta la Administración para sus funcionarios". "Sería más justo que fuéramos los parlamentarios quienes decidiéramos voluntariamente cuanto aportamos, pero de nuestros emolumentos, afirma.
En resumen, la pretensión de Díez es que "el régimen de seguridad social y ayudas a los parlamentarios sea el mismo que el del resto de los trabajadores españoles, incluyendo la prestación por desempleo", y que eso quede plasmado en los reglamentos de ambas Cámaras y no como está regulado actualmente, mediante resolución conjunta de las mesas del Congreso y del Senado.
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