BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este miércoles una "evaluación independiente" de la Ley de Amnistía que el PSOE pactó con ERC y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, al tiempo que ha lamentado el largo bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Bruselas reclama sea renovado con urgencia y a continuación sea reformado su sistema de elección.
Así consta en un párrafo aprobado a mano alzada por el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia) que ha sido incluido en el informe --adoptado después con 374 votos a favor, 113 en contra y 45 abstenciones-- sobre la evaluación anual que la Comisión Europea realiza sobre el Estado de derecho en los 27 Estados miembro.
De este modo, los eurodiputados dicen "tomar nota" de la tramitación de la Ley de Amnistía en España, sobre la que no hay referencias en la evaluación anual que Bruselas presentó el pasado julio, y se hacen eco de las "preguntas, opiniones y preocupaciones expresadas por diversas partes interesadas", incluidas asociaciones de jueces, fiscales, abogados y académicos, la sociedad civil y el público en general.
La posición de la Eurocámara apunta que, en ese contexto, la ley "amerita una evaluación independiente" y piden al Gobierno "transparencia total" a la hora de ofrecer la información necesaria a las instituciones europeas.
Con todo, admiten que la polémica norma ya está siendo examinada tanto por la Comisión Europea como por la Convención de Venecia, esta última un comité ajeno a la UE que actúa en este caso a petición del Senado.
LAMENTA EL BLOQUEO DEL CGPJ
El texto recuerda también que el informe anual de la Comisión Europea formula recomendaciones específicas a España en cuanto a la preocupación por el bloqueo del CGPJ y la urgencia de que sea renovado. Por ello, la Eurocámara "lamenta la prolongada situación de bloqueo" del órgano de gobierno de los jueces.
De manera más general, el documento de la Eurocámara sobre la salud democrática en todos los países de la UE pide actuar frente a la erosión de los valores europeos y, además de en España, apuntan riesgos sistémicos para el Estado de derecho en Francia, Grecia, Eslovaquia, Malta y Hungría.
"El informe sobre el Estado de derecho de la Comisión debe tratar a los Estados miembro objetiva y equitativamente. Las presiones políticas de los Gobiernos no deben influir, porque los europeos tienen el derecho a conocer la situación del Estado de Derecho vivan donde vivan", ha advertido la ponente, la liberal holandesa Sophie in 't Veld.
"La situación es grave en algunos Estados miembro y existe preocupación de distinta seriedad en muchos otros", ha alertado la eurodiputada, quién ha pedido no mirar para otro lado sino "levantar la voz" para denunciarlo y ha instado a la Comisión Europea a ser "menos tímida" en sus comentarios a los países miembro.
La también liberal Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Cs y vicepresidenta de la comisión europarlamentaria de Libertades Civiles (LIBE), ha denunciado en el pleno la "gravísima degradación" de la situación en España y, tras recordar la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar las penas por malversación, se ha referido al 'caso Koldo' como "un multimillonario escándalo de corrupción que la Oficina Europea Antifraude investigará".
"El escándalo de corrupción que ha estallado en España y que afecta al Gobierno socialista tiene implicaciones europeas graves y que irán saliendo", ha advertido, por su parte, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos.
"No es Estado de derecho pactar con los delincuentes la reforma de la ley penal, no es Estado de derecho declarar que el Fiscal General del Estado depende del Gobierno, no es Estado de derecho amnistiar a malversadores ni es Estado de derecho ni es europeo intercambiar impunidad por votos para permanecer en el Gobierno", ha remachado el eurodiputado 'popular'.
TRIBUNAL DE CUENTAS
La opinión de la Eurocámara coincide con la publicación también este miércoles de un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sobre la misma evaluación anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho y con el que los auditores europeos lamentan que los gobiernos apenas atiendan a las recomendaciones de Bruselas.
La evaluación anual del Ejecutivo comunitario no es vinculante para los Estados miembro y se limita a ofrecer información actualizada sobre la situación en cada país, aunque en las dos últimas ediciones ha incluido recomendaciones específicas por países que apenas se han aplicado, apuntan los auditores.
En el caso de España, la preocupación principal recogida en las recomendaciones es el bloqueo del CGPJ y la necesidad de que su renovación sea abordado con carácter prioritario para, "inmediatamente después", abordar el proceso para reformar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
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