MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El extesorero de la extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) Daniel Osacar se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso de corrupción conocido como el '3%', en una sesión en la que el que fue presidente de la empresa pública Infraestructures.cat José Luis Quer se ha desvinculado de las contrataciones.
Ambos estaban citados junto al empresario Jordi Sumarroca, que ha optado asimismo por guardar silencio, y las representaciones de las empresas Teyco S.L --que él preside-- y Costraula Enginyeria i Obras SAU, en relación al presunto pago de comisiones a la formación política a cambio de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat de Cataluña.
Quer, el único que ha declarado, ha afirmado que no conocía la dinámica de adjudicaciones y no participaba en la mesa de contratación, como tampoco en la Oficina Tcnica d'Avaluació (OTA), el organismo que analizaba con carácter previo las ofertas, según informan fuentes jurídicas.
A preguntas exclusivamente de su abogado, ha incidido además en que fue él quien promovió las medidas de transparencia en el departamento de infraestructuras, la mayor adjudicataria de la Generalitat, y quien propició en 2011 la puesta en marcha de la OTA para que ejerciese controles previos. No tenía, según ha dicho, ninguna relación con Convergencia.
QUER VOLVERÁ EL DÍA 16
Cabe recordar que el entonces jefe de esta Oficina Técnica, Jaume Cortasa, reconoció por escrito haber recibido instrucciones de Rosell, que ejercía como director general de Infraestructures y presidía la mesa de contratación, para modificar las puntuaciones y favorecer así a determinadas empresas, tal y como publicaron diversos medios de comunicación.
De acuerdo a las mismas fuentes jurídicas, la comparecencia de Quer llega después de que se hayan tenido que tramitar dos comisiones rogatorias a Chile, donde trabajaba desde el año 2016 después de ser reemplazado en su cargo. El próximo 16 de julio afronta una nueva citación, también como investigado, por otra ramificación del caso 3%.
Se trata de la investigación abierta a finales del año pasado a partir de un informe de la Guardia Civil sobre empresas privadas de ingeniería que se presentaban a concursos de asesoría técnica y luego pactaban supuestamente entre sí para hacerse con los contratos.
Según los investigadores, las mercantiles acordaban entre ellas la cuantía de las ofertas que debían presentar para excluir a empresas competidoras que pudieran aspirar a las adjudicaciones. Las pesquisas determinaron la presunta participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en este mismo entramado corrupto.
Los delitos que se investigan son los de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación, además de financiación ilegal de partido político, al ser una causa que deriva del 'caso 3%' sobre la financiación irregular de CDC.
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