Argumenta que el ex titular de Gobernación Carlos Vielmann puede ser juzgado por la Audiencia Nacional porque es español
MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha querellado contra el ex ministro de Gobernación de Guatemala Carlos Vielmann Montes por "autorizar y supervisar" la creación de una "estructura criminal paralela" que habría llevado a cabo la "ejecución extrajudicial" de diez presos del país centroamericano entre noviembre de 2005 y septiembre de 2006.
En un escrito presentado este miércoles ante el Juzgado Central de Instrucción Decano, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señala que el responsable de Gobernación de Guatemala entre julio de 2004 y marzo de 2007, cargo equivalente al de ministro del Interior, debería ser imputado por diez asesinatos y un delito de lesa humanidad.
Según la querella, Vielmann "autorizó y supervisó en unión de otros mandos de la Policía Nacional y de la Dirección del Sistema Penitenciario la creación de una estructura criminal clandestina compuesta por miembros de los cuerpos de seguridad" que llevó a cabo la ejecución de tres presos que se habían fugado de la cárcel de máxima seguridad conocida como 'El Infiernito' y otros siete que se amotinaron en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón.
El máximo responsable del Ministerio Público en la Audiencia Nacional argumenta que este tribunal es competente para perseguir estos delitos porque el acusado tiene nacionalidad española, el querellado "no ha sido absuelto, indultado o penado en el país donde se cometieron los hechos" y los hechos punibles son tipificados en el país de origen como ejecución extrajudicial y han sido denunciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El fiscal solicita que la Policía proceda a la "identificación, embargo, bloqueo e incautación provisional" de todos los bienes y activos que posea Vielmann, que fue detenido el pasado 13 de octubre en Madrid aunque quedó libre el 23 de noviembre después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala no ejecutara la petición de extradición que había formulado. También pretende que en la causa obren como pruebas la denuncia oficial presentada por el responsable de la CICIG y el vídeo que recoge las reseñas fotográficas de los hechos acaecidos en el penal de Pavón.
'PLAN GAVILÁN' Y 'PLAN PAVO REAL'
La querella de la Fiscalía, que parte de una denuncia realizada por el comisionado de las Naciones Unidas Fransico Dall'anese, relata cómo Vielmann dio la orden de crear un equipo de seis cargos ministeriales y responsables policiales para que "de manera sistemática" se encargara de "ejecutar las acciones o delitos en contra de aquellas personas que habían acordado como objetivo eliminar".
Entre ellos se encontraban el entonces director general de la Policía Nacional Civil, Erwin Johann Sperisen Vernon, de nacionalidad suiza; el asesor en Asuntos de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobernación, Víctor José Rivera Azuaje, ya fallecido; el director general del Sistema Penitenciario, Alejandro Eduardo Giammattei Falla; y los policías Javier Estanislao Figueroa Díaz, Víctor Hugo Soto Dieguez y Mario Roberto García Frech.
A este operativo cladestino se le encomendó el 22 de octubre de 2005 el denominado 'plan Gavilán', que consistió en la "búsqueda y captura" de los presos Edwin Estuardo Santacruz Rodríguez, Juan Morales Blanco y José María Maldonado Sosa. Una vez capturados, los reos no fueron entregados a las autoridades judiciales, sino que fueron ejecutados en una carretera. En los tres casos Vielmann dio la versión oficial de que los prófugos trataban de huir y murieron tras un enfrentamiento armado con la policía.
En junio de 2006 el entonces ministro de Gobernación trazó un operativo para retomar el control en la prisión de Pavón después de que un grupo de presos autodenominado 'Comité de Orden y Disciplina' hubiese organizado un motín. El plan, denominado 'Pavo Real', comenzó con el reclutamiento de varios presidiarios y la esposa de uno de ellos a partir de cuyos testimonios se elaboró una lista en la que fueron incluidos los cabecillas de la revuelta.
Después de que el Gobierno guatemalteco declarara el estado de excepción, un total de 3.000 efectivos de la Policía Nacional Civil y el Ejército Nacional provisos de tanquetas militares tomó el penal por la fuerza y dio muerte con arma de fuego a los presos Luis Alfonso Zepeda González, Jorge Estuardo Batres Pinto, Carlos René Barrientos Vásquez, Mario Misael Castillo, José Abraham Tiniguar Guevara, Gustavo Adolfo Correa Sánchez y Erick Estuardo Mayorga Guerra.
NACIONALIDAD ESPAÑOLA
Durante su declaración ante el juez, el ex ministro alegó que no podía ser extraditado porque tiene nacionalidad española y que "en la situación política actual que vive Guatemala corre serio riesgo de ser asesinado". También señaló que es "español, tiene domicilio en España, donde vive con su esposa y ha sido detenido" en el país en el que "figura empadronado".
Pedraz, sin embargo, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al considerar que existía riesgo de fuga y de reiteración delictiva, así como la posibilidad de que el imputado tratara de obstaculizar la investigación. Según el auto de prisión, "no puede entenderse" que Vielman, "a pesar de la nacionalidad española que ostente, tenga un arraigo que pueda considerarse importante a los efectos de asegurar su presencia" en este procedimiento judicial.
Tras la declaración, el abogado de Vielmann, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, aseguró que la orden de detención cursada por Guatemala contra su cliente no cita los delitos de homicidio o asesinato, sino que se refiere exclusivamente a los de asociación ilícita y ejecución extrajudicial, los cuales han sido eliminados del Código Penal guatemalteco.
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