La Fiscalía rebaja de 12 a 8 años su petición de prisión para los miembros de la presunta red yihadista en cárceles

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha rebajado de 12 a 8 años su petición de cárcel para los acusados de formar un frente yihadista mientras estaban en prisión para unir a presos por delitos relacionados con el terrorismo islamista al eliminar de su acusación el delito de integración en organización terrorista y mantener únicamente el delito de colaboración con este tipo de organizaciones.

Así se ha pronunciado la fiscal en la cuarta y última sesión del juicio que este jueves ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional y en el que en un principio la Fiscalía pedía penas de 12 años de prisión y 10 de libertad vigilada para Mohamed E., Karim A. y Abdellah A. por un delito de integración en grupo terrorista. El cuarto acusado, Abderrahmane T., conocido como Mohamed A, se encuentra en busca y captura.

El Ministerio Público ha rebajado su petición pero ha mantenido su tesis de que, "actuando de común acuerdo", los acusados colaboraron con el Estado Islámico al formar una red para liderar a "todos" los encarcelados por terrorismo yihadista en diferentes cárceles del país para que "no abandonaran dicho ideario" y "actuaran conforme a directrices comunes". Dicha red habría extendido sus tentáculos más allá de condenados por terrorismo para "adoctrinar, radicalizar y captar" a nuevos adeptos difundiendo consignas afines al Estado Islámico.

La Fiscalía ha planteado que, en caso de que el tribunal no vea pertinente condenar por un delito de colaboración con organización terrorista, imponga la pena de ocho años por captación y adoctrinamiento.

Es la segunda vez que los acusados se sientan en el banquillo después de que, en junio de 2023, la Sala de Apelación estimase el recurso de Fiscalía y anulase por segunda vez la absolución dictada por la Sala de lo Penal a favor de los cuatro acusados, ordenando repetir la vista oral.

PINTADAS Y CARTAS PRO ESTADO ISLÁMICO

En esta última sesión, la fiscal ha recordado cómo se dio inicio a la investigación tras haberse ordenado averiguar quién había hecho "pintadas aparentemente de índole yihadista" en un centro penintenciario. Según uno de los agentes que declaró como testigo, en algunas de estas pintadas se podían leer alusiones al Estado Islámico y frases como 'levantad la bandera del monoteísmo'.

Tras analizar las pintadas, los agentes concluyeron que las banderas que aparecieron eran una "analogía de la bandera de DAESH y el texto sobre monoteísmo hacia referencia al grupo de los musulmanes que siguen la fe o los postulados" de la organización terrorista.

La fiscal ha recordado que en las pesquisas, además, se desveló que los acusados mantuvieron contacto mediante cartas que contenían, sobre todo, textos religiosos y 'nasheeds', cánticos utilizados por las organizaciones yihadistas para alentar el ánimo de sus militantes y combatientes.

Ha explicado que Instituciones Penitenciarias avisó de que a partir de enero de 2017 hubo una proliferación de cartas con simbología del DAESH entre sus centros. Sin embargo, ha precisado que a este órgano no le correspondía analizar si dichas misivas podían ser constitutivas de un delito de terrorismo ni paralizar sus envíos, sino comprobar que no ponían en peligro al centro penitenciario.

EL 'PROGRAMA PATIO'

Según Fiscalía, en el marco de las relaciones epistolares, los acusados desarrollaron la idea de un 'programa patio' que les permitiera seguir formándose en la yihad, no juntarse con los otros presos no musulmanes, hacer deporte, rezar y recitar el Corán.

Para la fiscal, los tres llegaron a esta conclusión al ver que no sería posible conseguir que Prisiones juntase en un mismo módulo a todos los "presos políticos islamitas". "Querían un frente de cárceles como el que quería ETA", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que pretendían "impedir" la resocialización de los presos y que abandonaran el ideario yihadista.

Asimismo, ha defendido que es evidente que los acusados respondían a consignas comunes y querían "evitar" que los presos yihadistas abandonaran su militancia para que el Estado Islámico no perdiera a ninguno de sus soldados e incluso ganase nuevos adeptos. "Los hechos son los que son", ha zanjado al insistir en que los acusados "colaboraron" con la organización terrorista.

Las acusaciones populares se han adherido al criterio de la Fiscalía. La abogada Carmen Ladrón de Guevara, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ha insistido en que las cartas intercambiadas entre los acusados se profesaba el ejercicio de la "yihad violenta propia del Estado Islámico" y no "dibujitos de carácter religioso".

"La intención de crear un frente de cárceles, un colectivo para mantener la cohesión de todos los condenados por delitos de yihadismo y atraer hacia sus ideas violentas a otros reclusos, han quedado perfectamente acreditados", ha dicho.

El letrado Antonio Segura, de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, ha coincidido en que el contenido de las cartas lo que llamaban era a "seguir en la lucha" del Estado Islámico.

LOS ACUSADOS PIDEN LA ABSOLUCIÓN

Este mismo jueves, por su parte, las defensas han vuelto a negar los hechos y han pedido que se les absuelva toda vez que consideran que a lo largo del juicio celebrado esta semana "no se ha probado la comisión de ningún acto delictivo", según ha recalcado el letrado de Mohamed E.

Para dicha defensa, los acusados no colaboraron con el Estado Islámico desde la cárcel. A su juicio, no hubo captación para desarrollar actividades delictivas terroristas, sino, en tal caso, una "captación religiosa" que no sería delito.

En este sentido, el letrado ha insistido en que el delito de colaboración con organización terrorista que defiende la Fiscalía exige que la aportación de los acusados represente una "aportación relevante", porque en caso contrario serían "actos neutrales" y, por tanto, "atípicos".

Para el abogado, el tribunal tiene que determinar si la actuación de los acusados con las cartas "ha sido realmente una aportación relevante para las actuaciones terroristas del DAESH". A su juicio, dicha actuación se limitó a "un acto meramente ideológico que entra dentro de la libertad de conciencia".

Así las cosas, ha defendido que "tratar que alguien se haga católico, protestante o musulmán no es un delito; lo que es un delito es la captación para la comisión de delitos terroristas", algo que --según ha alegado-- no fue lo que hicieron los acusados porque "no puede considerarse" que "tomar el sol o rezar" sea una "incitación al delito ni al preparamiento militar para hacer atentados al salir de la cárcel". "¿Dónde está la violencia? Nadie ha agredido a un funcionarios de prisiones", ha añadido.

El letrado de Mohamed E. ha aprovechado su intervención para leer un versículo de la Biblia y recordar que "frases violentas existen en todas las religiones". "No podemos quedarnos en las frases y en la interpretación, sino en los hechos y en el delito en el que puede incardinarse", ha apuntado.

El abogado de Karim A. ha coincidido con dichos argumentos y ha afeado a la Fiscalía que intente aplicar el Código Penal aún cuando no se ha probado que su representado fuese miembro del Estado Islámico, al tiempo que ha criticado que le acuse por su "ideología religiosa".

Asimismo, la letrada de Abdellah A. se ha sumado a los argumentos del resto de defensas al considerar que no hay pruebas suficientes para condenar a los acusados. "Como el investigado ya estaba condenado por terrorismo, se ha intentado meterle en este procedimiento sin saber que haya llevado a cabo ninguna actuación delictiva", ha concluido.

Dos de los tres acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra. Uno de ellos ha pedido al tribunal "que haya justicia" y "libertad de religiones" y que les absuelvan como les absolvieron en el juicio anterior.