El Consejo de Ministros ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión del Parlament de crear una comisión de investigación sobre la monarquía y la figura del Rey Felipe VI, ha anunciado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Calvo ha justificado la impugnación en la "radical discrepancia" del Gobierno pero, sobre todo, en que un parlamento autonómico no tiene "competencia alguna" para investigar, tal y como dice la resolución, "las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real". La decisión del Parlament también pretende investigar las presuntas cuentas irregulares del anterior Jefe del Estado y Rey Emérito Don Juan Carlos, en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas. El pasado noviembre, el Ejecutivo decidió recurrir ante el TC, sin el respaldo del Consejo de Estado, una resolución del Parlament que condenaba la posición de Felipe VI tras el referéndum del 1-O y apostaba por la "abolición" de la Monarquía como "institución caduca y antidemocrática". El máximo órgano consultivo consideró entonces que no había base jurídica para el recurso porque el texto de la Cámara catalana no tenía efectos jurídicos. Pero en esta ocasión, Calvo ha precisado que el Gobierno sí cuenta con un informe favorable del Consejo de Estado y por eso ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución para su suspensión. La resolución se impugna en su integridad, ya que el Ejecutivo ha considerado que tanto el objeto de la misma como sus contenidos básicos son inconstitucionales porque incurren "en una extralimitación competencial". "Desde la perspectiva de las funciones atribuidas a una Parlamento autonómico en orden al control e impulso de la acción de gobierno, el sometimiento a una comisión de investigación de la Jefatura del Estado queda fuera de aquellas funciones por tratarse de una institución del Estado al margen del sistema institucional propio autonómico", explica la impugnación del Gobierno. Además, el Ejecutivo ha considerado que la comisión "excede" el ámbito de la función investigadora derivada de la naturaleza política de las cámaras parlamentarias en los términos delimitados por el Tribunal Constitucional, "invadiendo, en consecuencia, la función jurisdiccional" de Juzgados y Tribunales. Finalmente, se ha tenido en cuenta también el artículo 56.3 de la Constitución que declara que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". La creación de esta comisión de investigación se aprobó el pasado día 7 de marzo, impulsada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP y contó con el rechazo de Cs, PSC-Units y el PP.
