MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), que comparten grupo parlamentario en el Congreso, han registrado una enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno del proyecto de ley reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria al considerar que consolida "trabas" para los solicitantes, da un amplio margen de decisión a Interior y debilita el derecho de asistencia letrada.
En la argumentación para explicar esta iniciativa, IU-ICV considera fundamental la confirmación de la "magnitud de la crisis del derecho de asilo en España". "En 2008, cayó un 41,08% el número de solicitantes de asilo, pues de los 7.664 de 2007 se pasó a 4.516 --detalla--. Más de la mitad de los solicitantes fueron inadmitidos (50,78%) y la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) recomendó la concesión del estatuto sólo a 141 personas, la cifra más baja desde 1984".
Según sus datos, "el ministro del Interior sólo firmó la concesión del estatuto de refugiado a 151 personas, el 2,91% de las resoluciones de asilo que suscribió, mientras que en 2007, 204 personas lograron el estatuto de refugiado en España". "Estamos, pues, ante un descenso del 25,98% y ante el dato más exiguo desde, por lo menos, 1995", señala IU-ICV.
"Entre los argumentos que plantea el Ejecutivo para promover una nueva Ley de Asilo está la transposición al ordenamiento legal español de tres directivas europeas. Sin embargo, IU-ICV entiende que "el Gobierno ha incumplido los plazos para la transposición de las directivas de la UE, por lo que no hay justificación alguna para precipitar ahora la aprobación de una ley en un aspecto tan relevante de la protección de los derechos humanos".
TARDE Y MAL
"El proyecto de ley que se presenta, además de llegar con notable retraso, lleva aparejada la opción por un retroceso en la legislación nacional de asilo, con recortes en garantías y derechos de los refugiados reconocidos en la Ley de 1984", resumen.
IU-ICV argumentan también su decisión de enmendar a la totalidad el proyecto remitido al Congreso por el Gobierno socialista porque "desde hace años organizaciones como ACNUR, CEAR y Amnistía Internacional denuncian las trabas que los solicitantes de asilo tienen para ser reconocidos como refugiados, especialmente para que sus solicitudes sean estudiadas de manera individual y en profundidad".
"Este proyecto de ley consolida dichas trabas --agregan--, porque debilita el derecho a la asistencia letrada, refuerza los conceptos de país de origen y de tránsito seguro, excluye la posibilidad de solicitar asilo por parte de los ciudadanos de países de la Unión Europea (lo que vulnera de forma directa la Convención de Ginebra) y avanza en un entramado de procedimientos de inadmisión o abreviados que, en lugar de reforzar el estudio de los casos, incrementa el margen de maniobra de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior para descartar peticiones de protección internacional sin una valoración suficiente y justa".
