El Ejército justifica que se trata de "ajustar a la normativa vigente situaciones que pudieran no haberlo estado con anterioridad"
MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida quiere que el Ministerio de Defensa explique la decisión adoptada por el Ejército de impedir el acceso a los archivos militares que están declarados clasificados, una medida que la coalición de izquierdas considera una "involución en la transparencia".
Tanto la diputada Eva García Sempere como la senadora Vanessa Angustia han registrado sendas preguntas en el Congreso y el Senado para conocer las normas que regirán en el acceso a los fondos documentales de la Guerra Civil que se conservan en el Archivo General Militar de Ávila y "qué limitaciones se impondrán al acceso y consulta de dichos fondos".
Fuentes del Ejército de Tierra han explicado a Europa Press que la restricción de acceso a estos fondos documentales fue decisión del Estado Mayor del Ejército tras una consulta del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) sobre el tratamiento que debía darse a la documentación histórica clasificada.
El criterio adoptado fue el de que todo documento con marca de clasificación debería tratarse como documento clasificado, excepto si el propio documento contenía referencias concretas sobre la validez temporal de la clasificación.
Según justifica el Ejército, este criterio no se ha adoptado con el ánimo de "impedir o dificultar" la investigación científica de ningún período histórico, sino con el de "ajustar a la normativa vigente situaciones que pudieran no haberlo estado con anterioridad" y, según la cual, la desclasificación corresponde a la autoridad que decretó la clasificación o al Consejo de Ministros.
Además, puntualiza que la decisión no afecta sólo a la documentación de la Guerra Civil, sino que afecta a toda la documentación histórica custodiada en cualquier Archivo dependiente del Ejército de Tierra y anterior a la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
"CONTRATIEMPO TEMPORAL"
Dado que se trata de documentación que hasta ahora había estado a disposición de los investigadores, el Ejército de Tierra reconoce el "contratiempo" de la decisión y pide entenderla como una medida de carácter temporal debido a la revisión en la que se encuentra la ley de secretos oficiales de 1968.
Las parlamentarias de IU han denunciado esta "rocambolesca e inadmisible" situación y han resaltado que incluso los trabajadores de los archivos militares mostraron su oposición a la medida en las redes sociales.
También la Asociación de Archiveros de Castilla y León (Acal) calificó la medida de "retroceso de décadas" y "grave menoscabo de la esencia misma de un archivo público, abierto en principio a todos los ciudadanos para asegurar la memoria individual y colectiva".
