MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha criticado este viernes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya planteado en su plan de choque para la reanudación de la actividad judicial tras el fin del estado de alarma "reformas procesales de calado" sin conocer el alcance concreto que la crisis sanitaria, económica y social va a tener sobre la Administración de Justicia.
"En estos momentos no existen datos reales sobre el impacto de esta crisis en la Administración de Justicia", subraya la asociación, que ha mostrado especialmente su preocupación por la situación actual de las jurisdicciones social y mercantil, "ya de por sí colapsadas por el impacto de la última crisis financiera".
En su opinión, en la jurisdicción social resulta prioritario poner en marcha de forma inmediata planes de choque basados fundamentalmente en la dotación de medios materiales y personales.
JJpD sostiene que la vuelta a la normalidad de la actividad judicial tendrá un "indudable" componente sanitario y, con el objetivo de evitar nuevos contagios, reclama al CGPJ un protocolo actualizado de prevención del riesgo entre la carrera judicial, así como que las administraciones competentes garanticen la realización de las actuaciones judiciales con las máximas condiciones de seguridad, proporcionando medios de protección adecuados al personal judicial y colaborador y al público en general.
"Desde Juezas y Jueces para la Democracia consideramos que esta es una oportunidad para que los grupos políticos con representación parlamentaria y el Gobierno, con la colaboración de todos los operadores jurídicos, alcancen un pacto de Estado para la mejora de la Justicia", defiende.
Aunque celebra que el CGPJ reconozca el papel de las asociaciones judiciales y les haga partícipes sobre las medidas propuestas, JJpD expresa su "radical oposición" a que la respuesta a esta crisis suponga un recorte de los derechos y garantías de los justiciables. "Las reformas a implementar deberán buscar el adecuado equilibrio entre la agilidad procesal y la protección de los grupos más vulnerables así como de los afectados por el Covid-19, a través de medidas tales como ERTEs, EREs, reducción de jornada", plantea.
JUSTICIA GRATUITA PARA LOS AFECTADOS Y HABILITACIÓN DEL MES DE AGOSTO
JJpD pide también que todas las personas afectadas económicamente por el coronavirus tengan acceso a la justicia, fortaleciendo el beneficio de justicia gratuita, y acepta, como proponía el CGPJ, la habilitación del mes de agosto para realizar actuaciones procesales.
Eso sí, la asociación rechaza "cualquier limitación de los principios constitucionales de oralidad e inmediación" que alejen al juez de la realidad del conflicto que debe resolver. Asimismo, reclama a las administraciones competentes la implantación del teletrabajo y de las comunicaciones telemáticas a fin de evitar la paralización total de las actuaciones judiciales.
"Nuestra asociación se ha manifestado continuamente en contra de que la labor judicial se rija por un productivismo desmedido ajeno a la calidad de las resoluciones judiciales", sostiene JJpD, que señala además que cualquier medida que se adopte debe respetar la conciliación de la vida personal y familiar y los problemas de salud, derivados del Covid-19, de los compañeros.
Al mismo tiempo, JJpD defiende que el plan de choque no puede comportar medidas que mermen los derechos de los alumnos/as de la Escuela Judicial ni el recorte de su fase de prácticas. "Tampoco ha de ampliarse la fase de sustitución y refuerzo ni han de ser utilizados estos compañeros/as exclusivamente como recurso para paliar las carencias derivadas de esta crisis", advierte.
