MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El colectivo Jueces para la Democracia ha enviado una carta al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en la que insta al Gobierno para que intervenga ante las autoridades turcas y europeas con el fin de poner fin a la "injusta situación" de los jueces y fiscales turcos y se respete "escrupulosamente" la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de Derecho.
En concreto, el colectivo explica que, con posterioridad al intento de golpe de Estado ocurrido en Turquía, ha recibido noticias "sobrecogedoras" de sus colegas jueces y fiscales, incluidos los miembros de la asociación profesional Yarsav.
De esta forma, tras los recientes sucesos, el Consejo Superior de Jueces y Fiscales ha suspendido de sus funciones a 2.745 jueces y fiscales. Jueces para la Democracia señala que ha sido informado de que al menos 200 de esos jueces y fiscales, así como un juez del Tribunal Constitucional, han sido objeto de detención y encarcelamiento.
"En estos momentos no tenemos noticias de algunos los compañeros de Yarsav, y en otros, han sido sus cónyuges y familiares quienes nos han informado de su detención", detallan desde el colectivo.
En su opinión, la rapidez con la que se ha llevado a cabo la suspensión de funciones y detención de jueces y fiscales "hace sospechar seriamente en la premeditación y arbitrariedad de esas decisiones". "Sin lugar a dudas, las mismas se incardinan en los intentos durante estos últimos meses de desestabilizar e incluso depurar la Judicatura y la Fiscalía por parte del presidente Erdogan", añade.
Jueces para la Democracia, como miembro de MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades), organización que reúne a numerosas asociaciones profesionales de jueces y fiscales en Europa, incluyendo Turquía, ya informó a la autoridades de la Unión Europea, "como organización fundada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho", de los "repetidos ataques a la independencia judicial en Turquía".
En este sentido, recuerda que la UE suscribió un acuerdo con Turquía para poner término a la migración irregular y el papel de garante de los derechos humanos de los refugiados confiado al poder judicial.
