MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha solicitado a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que aporte una copia del acta sobre "los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011".
Así lo ha acordado Calama en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la causa por presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia y que sitúa al exmandatario socialista como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias, así como por las joyas que intervino la Policía Nacional en su despacho y que Zapatero atribuye a un regalo de Arabia Saudí.
Ahora, el magistrado insta a Patrimonio a que entregue, "a la mayor brevedad y, en todo caso en el plazo de dos días", el "acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011", fechado en marzo de 2012.
Zapatero precisó en un escrito que la colección de joyas de más valor que le incautó la Policía "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007".
El expresidente señaló que la colección recibida se trata de tres juegos de joyería "de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional y diferenciados esencialmente por las gemas que los componían", rubíes, esmeraldas y zafiros, que son "la parte más valiosa de las piezas a las que se refiere la investigación, hasta superar el 90 por ciento del valor total".
Argumentó que "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca saudí.
"Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", agregó su defensa.
NO COMPARTE LA PRIMERA TASACIÓN
El juez solicitó a la joyería Ansorena una tasación inicial de la colección, la cual arrojó un valor inicial de 1,3 millones de euros. La defensa del expresidente "no acepta ni hace propia" esa valoración, cuyo importe, a su juicio, "es indudablemente muy superior al valor real de las piezas", según indicó.
"El propio informe define expresamente el valor que atribuye a las joyas como valor de mercado de reposición, correspondiente al valor de una joya en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos, y explica que se trata de una valoración habitualmente empleada para su inclusión en pólizas de seguros", indicó.
Zapatero concluyó que "la estimación ofrecida por la casa Ansorena no determina ni permite establecer cuál era el valor de las piezas 19 años antes", en alusión a los tres juegos de joyas.
Y precisó que, fuera de esa docena de piezas, del resto de joyas intervenidas --"un total de 67 de muy distinto valor, procedencia y significación"-- 11 "han sido consideradas sin valor" y 25 "ni siquiera llega a la estimación como valor de mercado de 1.000 euros".
Calama ha encargado una segunda tasación de las joyas a la joyería Yanes para que informe "sobre los distintos extremos de las piezas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad", entre otros.
Por su parte, Zapatero recurrió el encargo al sostener que hay falta de imparcialidad de Yanes tras unas declaraciones en los medios del director general del establecimiento, que afirmó que entre las joyas había piezas de un "valor aparentemente incalculable".
También alegaba falta de explicación por parte del juzgado acerca de los motivos para designar a dicha firma para la elaboración del informe, en lugar de encomendarlo a los profesionales que ya habían realizado un primer análisis con la posibilidad de ampliarlo, pero el juez ratificó su decisión.
