MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han solicitado una reunión con el Ministerio de Hacienda para que se les informe de los motivos por los que el Gobierno no ha cumplido aún con el acuerdo que firmaron el pasado marzo en el que pactaron una subida salarial de unos 430 euros al mes para poner fin a la huelga que mantuvieron durante dos meses.
En la misiva firmada la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), la Asociación Independiente de LAJ y (AinLAJ) y el Ilustre Colegio de Letrados han asegurado que han considerado "necesario y oportuno" reunirse con el departamento que dirige en funciones María Jesús Montero toda vez que están esperando desde el pasado julio que se haga efectiva la subida salarial pactada.
Los letrados han recordado que el Consejo de Ministros autorizó el pasado abril la tramitación administrativa urgente de la reforma de sus decretos retributivos, pero dicha tramitación fue paralizada un mes después "sin haberse ofrecido ni la más mínima razón objetiva que lo justificara".
Las asociaciones firmantes han asegurado que por parte del Ministerio de Justicia se les ha indicado que "la finalización de los trámites pertinentes y, por tanto, el cumplimiento de lo convenido, lleva meses dependiendo de un informe del Ministerio" de Hacienda "que no acaba de llegar".
Los LAJ han incidido en que los motivos de este incumplimiento no pueden deberse a "la situación política vigente" porque el Gobierno en funciones tiene la "obligación" de "atender el despacho ordinario de los asuntos públicos y los numerosos compromisos de gasto que se vienen asumiendo durante estas últimas semanas".
Así las cosas, han aprovechado la misiva para apuntar a Montero que de no cumplirse el acuerdo puede "llegar a reeditarse un escenario de conflictividad laboral que nadie desea".
Esta misma semana, fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado a Europa Press que la subida salarial pactada con jueces, fiscales y LAJ todavía no se ha hecho efectiva por la "situación política" que atraviesa el país --con un Gobierno aún en funciones y con un debate de investidura pendiente para finales de septiembre-- y ha avisado a los operadores jurídicos que los acuerdos firmados tienen efectos retroactivos y no corren ningún peligro.
Las mismas fuentes han insistido en que los acuerdos firmados son "totalmente vinculantes" y se cumplirán, al tiempo que han recalcado que se trata de pactos que cuentan con la rúbrica no solo de Justicia sino también de Función Pública y que tienen efectos retroactivos.
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