MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo más de 437 investigaciones relacionadas con la corrupción y han detenido a más de 1.600 personas por su presunta vinculación con estos delitos desde 2012, según los datos enviados por el Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados.
Además, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz cifra en más de 700 el número de agentes destinados a la lucha contra la corrupción y pone en valor el "prestigio" que han atesorado tanto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Así responde el Gobierno a la líder de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, quien se hizo eco de las denuncias de diferentes asociaciones profesionales de la Guardia Civil sobre la falta de medios humanos y materiales de la UCO que, entre otros casos está investigando el caso del fraude en los cursos de formación en Andalucía o la trama Púnica.
FALTA DE MEDIOS Y PLANTILLAS
En concreto, tanto la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) como la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) se quejan de que pese a que se crean nuevas unidades de investigación, la plantilla de la UCO no aumenta proporcionalmente a las nuevas competencias que adquieren y que, además, no se repone a los agentes que han dejado de prestar servicio en los últimos ejercicios.
Por todo, ello Díez preguntó al Gobierno si tiene previsto "aumentar la plantilla, tanto de la UCO como de la UDEF" para poner fin a estas "deficiencias".
En la respuesta que ha remitido al Gobierno y a la que ha tenido acceso Europa Press, Interior tira de cifras, recalcando que desde 2012 las Fuerzas de Seguridad han iniciado más de 437 investigaciones, que han detenido a más de 1.600 personas por casos de corrupción y que hay más de 700 agentes dedicados al combate de esa lacra.
Además, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, subraya que ambas unidades atesoran una dilatada experiencia en la lucha contra la delincuencia económica en general, así como contra el blanqueo de capitales y la corrupción, y que su actividad en ámbito de la investigación y en el del auxilio y la colaboración con la autoridad judicial han permitido a ambas hacerse merecedoras del prestigio con el que cuentan a nivel nacional e internacional.
