Prisiones niega motivos políticos al acercar presos de ETA y recuerda que ni Fiscalía ni víctimas recurren

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El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, durante una entrevista para Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press
Publicado: domingo, 9 agosto 2020 11:27

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha negado que existan presiones políticas o un plan trazado para acercar al País Vasco a los presos de ETA, y ha recordado que las decisiones sobre política penitenciaria las deciden "libremente" dentro del marco jurídico, sin que por ahora se hayan planteado recursos en los tribunales ni por la Fiscalía ni por las víctimas del terrorismo.

"No hay ninguna exigencia o ningún plan que nos hagan llegar. Aquí se reciben comunicaciones y cada una de las opciones políticas expresa su punto de vista, pero la responsabilidad y la gestión corresponde al equipo del Ministerio del Interior y actuamos con entera libertad, y teniendo como guía el marco jurídico", ha sostenido Ángel Luis Ortiz en una entrevista con Europa Press.

El máximo responsable de Instituciones Penitenciarias recuerda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el primero que, a su llegada en junio de 2018, se comprometió a actuar con "transparencia" informando a las asociaciones de víctimas antes de cada traslado de preso de ETA o de la progresión de grado.

"Lo que ocurre es que las decisiones hay que tomarlas porque el marco jurídico establece que en determinadas situaciones hay que progresar a una persona o, en función de su evolución, esa persona merece ser trasladada de prisión. Esas son las decisiones que tomamos, siempre dentro del marco legal", ha defendido Ortiz.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias se refiere a los más de 50 acercamientos de presos de ETA autorizados --54 según el recuento de las víctimas-- y también a los once casos con progresión al tercer grado o régimen de semilibertad de alguno de los 208 reclusos condenados por delitos relacionados con la organización terrorista extinta, de los que seis son preventivos.

De algunas de las progresiones, advierte, "no se ha podido dar toda la información por un problema de protección de datos, porque hay razones humanitarias o de otro tipo".

15 ETARRAS DEL 'SECTOR DURO'

Instituciones Penitenciarias reduce a un núcleo mínimo de unos 15 presos de ETA que rechazan cualquier posibilidad de reinserción. Según los informes penitenciarios, luego existe en torno a un centenar de reclusos que se mantienen en una indefinición a la hora de aceptar la legislación penitenciaria, lo que abriría la posibilidad a que pasaran a rechazar la violencia y pedir un traslado a cárceles más próximas a su núcleo familiar.

"Nos estamos moviendo dentro del marco de la legalidad y prueba de ello es que las decisiones que se han adoptado en lo que afecta a condenados por terrorismo en ninguno de los casos ha sido recurrido en estos momentos ni por el Ministerio Fiscal ni por las víctimas. Nos esforzamos en adoptarlas siempre de manera motivada y de acuerdo al marco jurídico", ha continuado Ortiz.

El alto cargo del Ministerio del Interior insiste en que "no existe ningún plan" sobre los presos de ETA pensando en la legislatura al ser preguntado por la sospecha de las víctimas y de los partidos de la oposición de que el acercamiento a cárceles próximas al País Vasco y Navarra, poniendo fin a la política de dispersión en vigor durante la lucha contra ETA, guarda relación con el pacto de investidura de Pedro Sánchez y que, en el futuro, puede ser un paso previo para una excarcelación masiva.

"No puede existir porque no sabemos la evolución de todas esas personas privadas de libertad", ha enfatizado, "la evolución de cada persona no es susceptible de encuadrar en ningún plan". "Nos movemos y actuamos con arreglo a las propuestas que nos llegan de las juntas de tratamiento, que es el órgano técnico por excelencia y colegiado que tiene cada prisión", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Ortiz ha reconocido que durante el estado de alarma por la crisis del Covid-19 disminuyeron estas propuestas y que "ahora con la normalidad se vuelven a retomar". "Vamos actuando según nos llega, pero no existe ningún plan, no puede haberlo porque la ley se aplica con cada caso concreto y sin actuaciones premeditadas para actuar en una determinada línea", ha concluido.

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