El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lamenta la "incorrección" de que coincidan renovación parlamentaria y jurídica
SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Ramón Trillo, señaló hoy que el acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supone el pago de una "deuda" que el Congreso de los Diputados tenía pendiente.
En rueda de prensa, Trillo acogió con "satisfacción institucional" la posibilidad de que PP y PSOE cierren este acuerdo, si bien lamentó la "incorrección" de que coincidan en el tiempo las renovaciones parlamentarias y de los órganos judiciales.
El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que con este acuerdo se "paga" una "deuda" que el Parlamento había adquirido. Se trata de una deuda "que se tardó en pagar", explicó, hasta el punto de que la saldará un Parlamento diferente al que se había comprometido, pero elogió que se trata de un "paso importantísimo".
Al respecto, el catedrático de Derecho Administrativo y Comunitario de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Ricardo Alonso, matizó que "las deudas pagadas tarde pueden pagarse bien o mal", y alertó sobre el "interrogante" que se verá "en los próximos días" respecto a si la renovación alcanza también al Tribunal Constitucional.
Ambos realizaron estas reflexiones en rueda de prensa con motivo de su presencia en el encuentro 'La convergencia de las jurisdicciones administrativas supremas de la Unión Europea en la aplicación del Derecho Comunitario', organizado dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
En él, se analiza la ordenación jurídica desde una perspectiva comunitaria, con la existencia de órganos jurisdiccionales de carácter europeo que tienen primacía respecto a los que de los propios países.
No obstante, Trillo aclaró que la aplicación de estas normas se realiza mediante "técnicas" que "suavizan" esta primacía, como el principio de aplicación conforme a los derechos nacionales, mediante el que la norma europea se interpreta en base a las legislaciones de los países.
En este sentido, el catedrático Ricardo Alonso explicó que los jueces europeos "no resuelven los casos solos", sino que actúan en respuesta a preguntas de juristas nacionales en el curso de procesos que se ven interrumpidos hasta que se produzca el pronunciamiento comunitario.
Así, recordó que los jueces europeos "colaboran" con los de los distintos estados miembros, para evitar que el resultado quede "vacío", ya que "si los jueces europeos se encierran en sus cuartos, sin tener en cuenta a las cortes supremas nacionales, corren el riesgo de encontrarse con la oposición de los tribunales nacionales" y entonces "poco efecto podrían tener" sus decisiones.
Esta colaboración entre órganos jurisdiccionales europeos y nacionales se viene produciendo, a juicio de Trillo, con "gran paz y aceptación" y con un "número razonable" de consultas a la jurisdicción comunitaria
